El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal del Distrito Central de Seúl por insurrección y la imposición ilegal de la ley marcial en el 2024. Estos cargos se suman a otros como los de obstrucción de la justicia a causa del sabotaje a las investigaciones y procesos que enfrentó su esposa, Kim Keon Hee.
La fiscalía local había solicitado que se le aplique la pena de muerte a Yoon, pero Ji Gwi Yeon, juez a cargo del caso, terminó desestimando dicha medida.
El juzgado consideró una “subversión a la Constitución” la crisis institucional creada por el estado de excepción ilícito, con el que el exmandatario buscó suspender las funciones de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo surcoreano, enviando a las Fuerzas Armadas sin razones de peso para ello.
“La intención era paralizar la asamblea por un período considerable”, señaló el juez Ji.
El 3 de diciembre del 2024 Yoon sorprendió a los surcoreanos por la noche con un súbito mensaje a la nación en el que decretaba la ley marcial de emergencia, argumentando que esto respondía a la necesidad de combatir poderes que atentaban contra los intereses del estado y que conspiraban con Corea del Norte.
“A través de esta ley marcial reconstruiré la República de Corea que está cayendo al abismo de la ruina nacional. Con este fin, erradicaré sin dudar a las fuerzas antiestado que son culpables principales de la ruina del país y llevan a cabo actividades viciosas”, dijo el por entonces presidente en su discurso.
Un hombre observa al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, durante un noticiero televisado en una estación de tren de Seúl el 3 de diciembre de 2024, tras declarar la ley marcial de emergencia, afirmando que la medida era necesaria para proteger al país de las «fuerzas comunistas» en medio de las disputas parlamentarias sobre un proyecto de ley presupuestaria. (Foto de archivo: Anthony WALLACE / AFP)
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La noticia causó enorme preocupación al interior del país asiático debido a que era la primera vez que se declaraba la ley marcial desde 1979, cuando ocurrió tras el asesinato del dictador Park Chung Hee.
En el marco del estado de excepción, Yoon Suk Yeol suspendió la actividad política y de prensa, tras lo cual parte del Ejército surcoreano ocupó algunos establecimientos estratégicos y un contingente de soldados llegó a la Asamblea Nacional a bordo de helicópteros para detener las funciones de dicha entidad.
Alrededor de la medianoche se registraron altercados en la sede del Poder Legislativo, pues los militares intentaron ingresar por las ventanas del edificio al encontrar la resistencia de parlamentarios y grupos de ciudadanos que habían colocado barricadas en las entradas. Pese a ello, una hora más tarde el Parlamento logró votar por unanimidad el levantamiento de la ley marcial. Incluso el conservador Partido del Poder Popular, con el que el mandatario había llegado a la presidencia en el 2022, le dio la espalda.
Ante la indignación popular, Yoon se vio acorralado cuando los militares decidieron acatar la decisión de la Asamblea Nacional, siendo crucial el hecho de que solo un sector de la cúpula del Ministerio de Defensa de Corea del Sur apoyó su intento de golpe de Estado. A las 5 a. m. del 4 de diciembre el gobierno aprueba dar por terminada la ley marcial, poniendo fin a seis horas de incertidumbre.
El por entonces presidente surcoreano fue suspendido de sus funciones 11 días después del incidente luego de que más de dos tercios del Parlamento votara a favor del juicio político en su contra. La situación de Yoon Suk Yeol era sumamente complicada, pues la declaratoria de de la ley marcial socavaba completamente la legitimidad de su gobierno y lo convertían en un golpista en la práctica.
El marco regulatorio surcoreano establecía claramente que esta medida solo podía tomarse “cuando haya perturbaciones graves que impidan de forma considerable las funciones del Estado”, algo que no había sucedido.
La Corte Constitucional de Corea del Sur resolvió la destitución definitiva de Yoon el 4 de abril del 2025, con lo que el político perdió su inmunidad presidencial y quedó expuesto a que se le abriera el juicio por insurrección que lo llevó a la cárcel.
Los críticos del político conservador atribuyeron directamente la medida a su intención de deshacerse de la oposición y las trabas que había encontrado en el Parlamento para llevar a cabo diversos proyectos.
A esto se sumó la acusación de que Yoon buscaba usar el estado de excepción con la finalidad de ocultar los escándalos que salpicaban a su gestión, anulando las investigaciones que él y su entorno tenían.
La antigua primera dama de Corea del Sur había sido el centro de buena parte de las críticas a la administración de su marido, al verse involucrada en una cantidad significativa de hechos polémicos. El expresidente ya venía siendo también vinculado a una posible interferencia en las investigaciones contra su esposa.
Cuando Yoon tenía poco de haber llegado al gobierno, Kim Keon Hee fue acusada de participar en un esquema de manipulación de los precios de las acciones de una concesionaria automotriz llamada Deutsch Motors. Otros casos en los que se vio envuelta la primera dama fueron una denuncia por mentir en su currículum para acceder a cargos como docente y acusaciones de que su familia se benefició por la adjudicación de algunos proyectos de infraestructura estatal.
La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk-yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, el 12 de agosto de 2025. (Foto de JUNG YEON-JE / POOL / AFP)
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Sin embargo, el llamado “Escándalo del Bolso Dior” fue probablemente el más mediático de todos.
La pareja del presidente fue grabada recibiendo como regalo de una un bolso de diseñador por parte de Choi Jae Young, un pastor evangélico coreano-estadounidense partidario de mejorar los lazos con Corea del Norte. Según declararía más tarde Choi, él mismo fue responsable del video y afirmó que buscaba demostrar que la primera dama constantemente “abusaba” de su posición para beneficiarse.
El escándalo fue inmediato y perseguiría a Yoon hasta el final de su gobierno, no solo por las implicancias éticas, sino también porque iba en contra de la normativa surcoreana: el bolso tenía un valor de aproximadamente 2.200 dólares, tres veces por encima del límite legal establecido para los obsequios individuales a funcionarios, equivalente a unos 750 dólares.
DATO
Primera dama sentenciada
Kim Keon Hee fue condenada a 20 meses de prisión por corrupción y violación de la ley antisoborno por los casos del bolso Dior y el de Deutsch Motors.
Yoon Suk Yeol no es el único caso de un presidente democrático surcoreano que enfrenta sentencias judiciales severas a causa de grandes polémicas, pues estos casos han sido frecuentes desde el retorno a la democracia en el estado asiático.
Para Carlos Aquino, director del director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, más allá de que el caso de Yoon Suk Yeol es bastante particular por tratarse de una condena por insurrección, es probable que tenga un destino similar al de sus antecesores.
Partidarios de Yoon Suk Yeol reaccionan mientras ven una transmisión en vivo del juicio contra expresidente surcoreano por sus cargos de insurrección cerca del Tribunal del Distrito Central de Seúl, el 19 de febrero de 2026. Un tribunal surcoreano declaró al expresidente Yoon Suk Yeol culpable de insurrección el 19 de febrero y lo condenó a cadena perpetua, alegando que su declaración de la ley marcial en diciembre de 2024 fue un complot para «paralizar» la Asamblea Nacional. (Foto de Jung Yeon-je / AFP)
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“Independientemente de los gobiernos de derecha o izquierda, si miras la historia de Corea del Sur en los últimos 40 años, buena parte de los presidentes han sido acusados o condenados acusados por corrupción. A algunos se les dio incluso pena de muerte, pero todos fueron indultados y seguramente harán lo mismo con Yoon dentro de algunos años”, señala Aquino.
Un ejemplo claro de ello fue Park Geun Hye, la primera mujer en llegar a la presidencia en Corea del Sur e hija de Park Chung Hee, quien fue destituida tras un ‘impeachment’ cuando se descubrió que era parte de un esquema extorsivo junto a su amiga Choi Soon Sil.
Choi era heredera de un culto sincrético y era conocida como la ‘Rasputina surcoreana’ debido a que ejercía una influencia desmedida en el gobierno sin tener ningún cargo público, al punto de que en su computadora se encontró que tuvo acceso a información clasificada y asesoró a la gobernante en la gestión local e internacional.
La presidenta fue convencida por su amiga de crear una trama extorsiva para que los grandes grupos corporativos surcoreanos realizaran donaciones millonarias a las organizaciones regentadas por Choi a cambio de beneficios políticos y fiscales. Por estos sucesos Park fue sentenciada a 24 años de cárcel en 2018, pero solo cumplió una pequeña parte de esta condena, ya que recibió un indulto presidencial en el 2021 por motivos de salud.
Park Geun-Hye, la expresidenta, también fue indultada hace unos años.
Otro expresidente surcoreano, Lee Myung Bak, fue parte de un esquema de corrupción en el que se empleó a una firma de repuestos automotrices para la malversación de unos 21 millones de dólares, entramado ilícito que habría comenzado incluso antes de que llegara al gobierno. Asimismo, se descubrió que el exmandatario fue sobornado por el empresario Lee Kun Hee, fallecido presidente de Samsung, a cambio de que le otorgara el indulto presidencial.
A pesar de que la condena a Lee Myung Bak fue ampliada a 17 años en el 2020, dos años más tarde también le otorgarían el indulto argumentando el deterioro de su salud.
El convulso historial presidencial surcoreano también tiene como caso emblemático el de Roh Moo Hyun, antecesor de Lee Myung Bak que lideró el país entre el 2003 y el 2008.
Roh se suicidó en 2009 mientras era investigado por presuntos sobornos que involucraban a su entorno familiar. El político surcoreano siempre sostuvo que no tuvo conocimiento de estos hechos y en una carta de despedida afirmó que decidió acabar con su vida porque “no deseaba ser una carga para los demás”.
Desde el punto de vista de Marco Carrasco, también investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM, el pasado dictatorial de Corea del Sur, con figuras como Park Chung Hee, es un elemento ineludible al analizar el rechazo de los surcoreanos a cualquier ejercicio arbitrario del poder.
“Desde los años 60 hasta los 80 Corea del Sur ha estado gobernada por dos grandes dictaduras militares, que con el advenimiento de la democracia generaron una actitud impetuosa de rechazo ante cualquier acto que podría tomarse como una insurrección hacia la democracia”, explica Carrasco.
Por su parte, Carlos Aquino califica al estado surcoreano como “una de las democracias más vibrantes de Asia”, debido a que cuenta con instituciones civiles, sólidas, un intenso ejercicio de la política a nivel interno y prensa libre. Bajo su punto de vista se trata de una sociedad bastante polarizada políticamente como fruto del pasado autoritario y eso hace inevitable el rechazo frontal a medidas como el estado de sitio que quiso imponer Yoon Suk Yeol.
“Fue un shock para la sociedad surcoreana tener este intento de cerrar el Congreso con una ley marcial. Dentro de Asia, Corea es una de las sociedades más polarizadas por eso mismo, ya que sufrió mucho con una dictadura de dos décadas con estado de sitio y obviamente mucha gente se va a oponer a eso”, comenta Aquino.
El expresidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, pronunciando un discurso para declarar la ley marcial en Seúl el 3 de diciembre de 2024. (Foto: Documento / Oficina Presidencial de Corea del Sur / AFP)
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Para ambos especialistas, si bien la corrupción ha sido un fenómeno frecuente en la política surcoreana y en cierta medida algo un poco más tolerado, la intromisión en el sistema democrático es vista con muchísimo mayor recelo por gran parte de la sociedad e incluso las autoridades. Es por ello que el pedido original de la fiscalía de que se le aplique la pena de muerte a Yoon calza con esta idea, aunque sea más que nada desde un plano discursivo.
“La pena capital, no sido ejecutada en un caso mayor como este al menos desde 1996 con Chun Doo Hwan”, apunta Carrasco.
El líder surcoreano mencionado fue condenado por insurrección y traición, corrupción y por la masacre de Gwangju; sin embargo, nunca se le llegó a aplicar la pena de muerte y fue finalmente indultado. El principal pretexto para tal decisión fue el de mantener la “unidad nacional”, argumento que se seguiría empleando con perdones posteriores como los que recibieron Park Geun Hye y Lee Myung Bak.
La idea de unidad nacional como excusa para los indultos tendría cierta justificación discursiva, pues Carlos Aquino señala que Corea del Sur es una sociedad que tiende mucho hacia la polarización.
“Es una sociedad muy dividida en todo sentido. El gobierno del presidente actual es la antítesis del de Yoon. Por ejemplo, el presidente anterior no quería tener nada que ver con Corea del Norte, mientras que el actual, Lee Jae Myung, favorece el diálogo. El mandatario condenado favorecía una alianza fuerte con Estados Unidos, pero Lee es más escéptico sobre eso”, comenta.
Si bien casos como el suicidio de Roh Moo Hyun generaron gran debate en Corea del Sur sobre el uso político que hacía de las grandes causas judiciales, Marco Carrasco señala que este tipo de accionar no es habitual en el país asiático y que estos procesos se fundamentan sobre todo en los valores democráticos que defiende la ciudadanía.
“Es algo más institucionalizado y que va más en el sentido de poder prevenir cambios en la gobernabilidad del país. En Perú estamos acostumbrados a ver este tipo de casos bajo un uso estrictamente político o más susceptible a ello. En Corea del Sur ese no es tanto el caso, aunque eso no quita el expresidente Yoon haya tenido choques con el parlamento y con la gran mayoría del Partido Democrático, de oposición y que hoy está en el poder”, explica.
Un manifestante sostiene una pancarta con la foto del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en la que se lee «Sentencia de muerte» durante una manifestación contra Yoon cerca del Tribunal del Distrito Central de Seúl el 19 de febrero de 2026. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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Los analistas internacionales consultados por este medio sostienen que este caso con toda probabilidad será un parteaguas en la política surcoreana.
“Se puede discutir que en Corea el tema de la corrupción es persistente, pero no creo que ningún presidente a partir de ahora intente dar un golpe de Estado o cerrar el Congreso”, comenta Aquino. El especialista agrega que, a diferencia de otros estados asiáticos, si bien en Corea del Sur se puede indultar a los líderes corruptos, este tipo de conductas representan “la muerte política” ellos.
En el caso particular de Yoon Suk Yeol, su pasado y experiencia limitada hacen todavía más complicado cualquier posible retorno a la arena política.
Antes de ser jefe de gobierno, Yoon fue un fiscal famoso por su estilo de confrontación contra algunos de los políticos más importantes de su país. Esa popularidad lo llevó a saltar desde la fiscalía hasta las elecciones como candidato presidencial del Partido del Poder Popular, logrando imponerse en los comicios del 2022, aunque con un margen de apenas el 0,73%, el más estrecho en la historia del país.
A juicio de Marco Carrasco a la escasa experiencia política real de Yoon se suma el rechazo que generó en ese mundo tras su etapa como fiscal, lo que le terminaría de cerrar muchas puertas.
“Lo veo bastante complicado por las propias características de su figura, que no era político y por su propia naturaleza de fiscal tenía una actitud muy confrontacional y eso en lo político puede ser una suerte de búmeran”, comenta.
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