La presidenta Keiko Fujimori ha iniciado su gobierno con una tarea especialmente difícil: recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado. Es comprensible que, para lograrlo, se apueste por nombramientos de su entorno y se necesiten mensajes claros y decisiones rápidas. Todo ello, si se hace bien, importa, pero no basta. La confianza aumenta cuando el Estado cumple. Y cumplir demanda, además de autoridades competentes y presupuestos suficientes, una maquinaria pública diseñada para producir resultados. Allí el Perú tiene un problema mucho más profundo.
Una revisión de la gestión financiera pública peruana, publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2023, describe con precisión esta contradicción. Desde la década de 1990, el país construyó un sistema que logró preservar la sostenibilidad fiscal mediante reglas claras y un control muy estricto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Durante el período anterior a la pandemia, la deuda y el déficit públicos se mantuvieron por debajo de los promedios regionales y es, sin duda, una conquista que debemos proteger.
Sin embargo, el mismo informe advierte que varias características de ese sistema dificultan la gestión de las entidades y afectan la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. El presupuesto continúa excesivamente concentrado en planillas, proyectos individuales y niveles de ejecución, en lugar de enfocarse en techos de gasto, resultados con metas definidas y calidad del servicio.
En otras palabras, hemos perfeccionado nuestra capacidad para controlar en qué se gasta y registrar cuánto se ejecuta, pero no hemos desarrollado con la misma intensidad la capacidad para asegurar qué obtiene el ciudadano a cambio.
La diferencia es enorme. En salud podemos conocer cuánto presupuesto recibió una entidad, cuánto comprometió y cuánto devengó. Pero el paciente necesita otras respuestas: ¿consiguió rápidamente una cita? ¿Recibió su receta completa? ¿Fue diagnosticado a tiempo? ¿El tratamiento resolvió su problema?
Lo mismo ocurre con la inversión pública. Celebramos el porcentaje ejecutado o la inauguración de una obra, pero pocas veces seguimos sistemáticamente lo que ocurre después. La OCDE señala que el sistema peruano no permite monitorear adecuadamente la infraestructura una vez terminado el proyecto y recomienda supervisar su operación y mantenimiento, además de informar sobre la efectividad de las inversiones. Una escuela terminada, pero sin profesores, o un hospital equipado, pero sin personal, pueden aparecer como gasto ejecutado, pero para el ciudadano son promesas incumplidas.
Durante tres décadas hemos modernizado —no siempre con éxito— normas, procedimientos y sistemas administrativos. Sin embargo, la lógica fundamental ha cambiado poco. El MEF controla con gran detalle los insumos; las entidades concentran buena parte de sus esfuerzos en cumplir los procedimientos; la ejecución se utiliza como señal de desempeño; y el ciudadano aparece —cuando aparece— al final de la cadena.
Este diseño también deriva en una gestión reactiva y de corto plazo. El presupuesto aprobado al inicio del año se modifica significativamente durante su ejecución. Según la OCDE, ello dificulta que las entidades programen con eficiencia sus actividades, compras y contrataciones, y obliga tanto al MEF como a los sectores a mantener una discusión presupuestaria casi permanente. El presupuesto termina adaptándose a decisiones tomadas durante el año, en lugar de funcionar como el principal instrumento para establecer prioridades y ordenar la acción del Estado.
Cambiar esta lógica no significa relajar controles ni poner en riesgo la estabilidad fiscal. La propia OCDE advierte que la transición debe ser gradual y acompañarse del fortalecimiento de las capacidades institucionales. Implica construir, sobre la disciplina fiscal, un Estado capaz de convertir recursos en servicios.
¿Cómo empezar? El nuevo gobierno podría escoger un número determinado de resultados que importen directamente en la vida cotidiana y organizar al Estado para alcanzarlos. Por ejemplo, en salud, medir cuántos pacientes reciben su receta completa o cuánto se reduce la espera por una cita. En educación, fijar metas verificables de aprendizaje. En infraestructura, evaluar cuántas obras terminadas están realmente operativas y prestan el servicio para el cual fueron construidas. Cada prioridad debe tener una meta comprensible, un responsable identificado, información pública y seguimiento por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La presidenta Keiko Fujimori ha pedido a los ciudadanos que recuperen la confianza en el Estado. La aspiración es legítima. Pero esa confianza crece cuando las personas comprueban que las instituciones pueden resolver sus problemas. Para conseguirlo, el gobierno deberá empezar a cambiar una arquitectura estatal que durante décadas ha privilegiado el control de insumos, procedimientos y niveles de ejecución por encima de la obtención de resultados.
La estabilidad fiscal fue una conquista que el Perú debe preservar. El desafío de esta nueva etapa es construir sobre ella un Estado que transforme los recursos públicos en servicios que funcionen. Allí empieza la confianza.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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