Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori debería aprovechar el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la iniciativa de gasto para presentar demandas de inconstitucionalidad sobre leyes de pensiones, trabajadores CAS y creación de universidades.
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori debería aprovechar el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la iniciativa de gasto para presentar demandas de inconstitucionalidad sobre leyes de pensiones, trabajadores CAS y creación de universidades.
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“Saludar que el TC haya modificado su criterio sobre el artículo 79 y otros artículos sobre iniciativa de gasto porque habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda de insostenibilidad fiscal, eventualmente la quiebra del Estado peruano”, sostuvo en entrevista para RPP.
Segura además destacó que la sentencia deja en claro que el Congreso no puede aprobar iniciativas que generen gasto, tanto para el año fiscal vigente como para años posteriores.
“El fallo dice que el Congreso efectivamente no tiene iniciativa de gasto. Ese es un derecho del Ejecutivo por su rol rector de la haciendo pública. Aplicaba al año en curso y de años futuros también”, agregó.
Consultado sobre los efectos del fallo del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo Fiscal sostuvo que el siguiente paso corresponde al próximo Gobierno, el cual debería presentar acciones de inconstitucional contra leyes ya vigentes que impliquen elevados compromisos fiscales.
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“Lo que debe ocurrir ahora es ver qué hacer con las leyes aprobadas vigentes que tienen vicios de constitucionalidad”, subrayó.
En ese sentido, planteó que el nuevo Ejecutivo impulse una revisión integral de diversas normas aprobadas por el Congreso. “Que el próximo Gobierno presente acciones de inconstitucionalidad en multiplicidad de leyes con fuertes vicios de constitucionalidad”, remarcó.
Entre los casos mencionó las normas sobre pensiones de cédula viva para maestros, policías y militares; los beneficios de gratificación para trabajadores del régimen CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas.
Segura explicó que las normas sobre pensiones representan el mayor impacto para las finanzas públicas. En cuanto a la norma que reconoce beneficios para los trabajadores CAS, Segura consideró que aún existe margen para que el Estado cuestione su aplicación.
“Las de pensiones son las leyes con mayor costo, con cédula viva incluso. De los trabajadores CAS por ejemplo no se ha iniciado, no se han hecho los pagos. Entonces corresponde que el MEF no reglamente, en mi opinión, y que espero a que eso se decante”, alertó. Respecto a las leyes que crean nuevas universidades advirtió que es engañar a los jóvenes del país.
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