El Poder Judicial (PJ) ordenó que el caso de la exministra golpista Bettsy Chávez, quien busca que se le otorgue un salvoconducto para viajar a México, pase a manos del Tribunal Constitucional (TC).
Así lo resolvió la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima al conceder el recurso de “agravio constitucional” a la defensa de la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno del sentenciado Pedro Castillo.
La exministra se encuentra asilada en la Residencia de la Embajada de México desde noviembre del 2025, hasta donde llegó antes de que el PJ emita sentencia por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre del 2022.
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La justicia peruana la halló culpable del delito de “conspiración para la rebelión”, al ser partícipe del intento de subvertir el orden constitucional, y le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva.
De acuerdo al PJ, el golpista Pedro Castillo, su exministra Betssy Chávez planificaron un golpe de Estado para evitar que se debata y vote el tercer pedido de vacancia en el Congreso de la República.
Para fundamentar su decisión, los magistrados señalaron que existían pruebas suficientes para demostrar los sentenciados, entre ellos Chávez Chino, se reunieron para “trazar la línea o proyecto común” que quedó plasmado en el mensaje a la Nación donde se ordenó el golpe de Estado.
“Lo que nos permite inferir que Chávez Chino conocía el contenido del mensaje a la Nación previamente a su lectura.”
Actualmente, la sentencia se encuentra en instancia de apelación ante la Corte Suprema.
Para evitar su ubicación y captura, así como la ejecución de la sentencia, Chávez Chino solicitó asilo diplomático a la Embajada de México en Perú. De acuerdo a las autoridades peruanas, dicho país informó de su decisión el 3 de noviembre del 2025.
La ex primera ministra Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima mientras se resuelve el pedido judicial para que se le conceda un salvoconducto que le permita salir del país. Foto: Andina.
Esa misma fecha, el gobierno peruano anunció que frente a dicho “acto inamistoso” se rompían las relaciones diplomáticas con México.
No era la primera vez que dicho país ayudaba a personas cercanas del golpista Castillo Terrones. Antes de Chávez Chino, le otorgó “asilo político” a Lilia Paredes, esposa del exmandatario, procesada por presunto crimen organizado, a quien se le otorgó el salvoconducto para poder viajar a México.
Rumbo al TC
Sin embargo, en el caso de Chávez Chino, el gobierno peruano decidió evaluar la entrega del salvoconducto y pedir opinión consultiva a instancias internacionales.
Por ello, a través del ciudadano Rubén Serpa Valdez, se interpuso un recurso de habeas corpus a favor de Chávez Chino, solicitando, entre otras cosas, la entrega de un permiso para que la sentenciada exministra pueda viajar a México sin ser detenida.
“Requiere la entrega inmediata del salvoconducto a favor de Betssy Chávez Chino, alegando que las declaraciones del entonces presidente sobre un posible ingreso forzoso (a la residencia) constituyen una amenaza inminente”, se requirió a favor de la exministra.
Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta fueron condenados por el Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Sin embargo, el juzgado constitucional y la sala superior, concluyeron que no existía ningún acto lesivo concreto e inminente que pueda afectar a Chávez Chino y que la controversia sobre el salvoconducto se situaba “en el ámbito diplomático y político”, lo cual es ajeno a la tutela del habeas corpus.
Tras el rechazo en doble instancia judicial, la defensa de Chávez Chino requirió que el caso sea elevado al Tribunal Constitucional.
Por ello, a través de una resolución del 18 de mayo último, el tribunal superior resolvió que el pedido cumplía con los requisitos de forma y por tanto remitió el expediente al TC.
“Concedieron el recurso de agravio constitucional interpuesto, ordenando se eleve por Secretaría los presentes autos al Tribunal Constitucional.”
Betssy Chavez TC
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