En el Perú, cada vez que hay crisis, las aulas terminan siendo el primer lugar donde se sienten sus consecuencias. Ha ocurrido con emergencias sanitarias, conflictos políticos y ahora con una crisis energética. Las escuelas se convierten rápidamente en el espacio donde se trasladan los efectos de decisiones tomadas en otros sectores.
En el Perú, cada vez que hay crisis, las aulas terminan siendo el primer lugar donde se sienten sus consecuencias. Ha ocurrido con emergencias sanitarias, conflictos políticos y ahora con una crisis energética. Las escuelas se convierten rápidamente en el espacio donde se trasladan los efectos de decisiones tomadas en otros sectores.
A pocos días del inicio del año escolar, el sistema educativo volvió a quedar en el centro de decisiones tomadas con poca previsión. Primero se anunció que las instituciones educativas de Lima Metropolitana y el Callao debían pasar temporalmente a la modalidad remota debido a la crisis en el suministro de gas natural, con el objetivo de reducir la movilidad asociada al transporte escolar. Después comenzaron a anunciarse cambios en esa misma disposición, adelantando el retorno a la presencialidad. El mensaje resulta inquietante: decisiones que afectan la vida de estudiantes y familias parecen tomarse y modificarse con ligereza.
El argumento del ahorro energético tampoco resulta convincente. Evitar algunos desplazamientos escolares puede contribuir a reducir la movilidad urbana, pero difícilmente compensa los costos de alterar la rutina escolar, especialmente en un país que aún arrastra las consecuencias del prolongado período de educación remota durante la pandemia. Esta situación refleja un patrón en distintos gobiernos: la facilidad con la que se recurre al cambio de clases presenciales a virtuales sin evaluar sus consecuencias. La experiencia ha demostrado que la educación remota, cuando no está preparada, puede afectar los aprendizajes, la salud emocional de los estudiantes y las dinámicas familiares. Decisiones como estas suelen ampliar las brechas educativas porque no todos cuentan con las mismas condiciones en casa para sostener aprendizajes efectivos.
Antes de trasladar el impacto de la crisis a las escuelas y a las familias, existen otras herramientas de gestión pública para reducir el consumo energético: ampliar el teletrabajo en entidades públicas, establecer horarios escalonados en oficinas para reducir picos de movilidad y aplicar medidas temporales de ahorro energético en sectores de alto consumo.
Las escuelas no solo transmiten conocimientos; también sostienen rutinas, vínculos y equilibrios familiares. Cuando decisiones que cambian de un día para otro alteran la organización escolar, la estabilidad educativa pasa a segundo plano. Por eso los gobiernos deberían priorizar la educación en la agenda y obsesionarse con la calidad educativa que reciben nuestros estudiantes, blindando a la escuela de intereses o desintereses ajenos al aprendizaje. De lo contrario, seguiremos tratando la educación como un problema logístico cuando en realidad es una prioridad nacional.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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