J. L. G.
La sanidad es uno de los ámbitos que más ocupa dentro del acuerdo de gobierno entre Partido Popular (PP) y Vox para conformar un Ejecutivo en Andalucía. A lo largo de 9 de las 60 páginas de las que consta el plan con las líneas estratégicas que marcarán la coalición entre derecha y extrema derecha, los dos partidos políticos desgranan y desvelan algunas de las principales medidas que, algunas de manera inmediata y otras que se irán desarrollando de manera progresiva, van a definir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la recién estrenada legislatura que preside, de nuevo, el popular Juan Manuel Moreno.
El primero de los puntos (el número 76 de los 150 que componen el documento, firmado por Moreno, como presidente del PP andaluz, y Manuel Gavira Florentino, como portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía) relativos al apartado de la sanidad es el compromiso de incrementar el presupuesto de la consejería de Sanidad “al menos en un porcentaje equivalente al incremento global del presupuesto autonómico”. El objetivo, afirman, es reforzar el sistema sanitario y cubrir los recursos que este necesita para satisfacer las necesidades de la población. Este punto se pondría en marcha “desde el primer presupuesto”.
El acuerdo recoge que el presupuesto para el SAS se incrementará, al menos, lo mismo que lo haga el presupuesto autonómico
“Desde el inicio de la legislatura” también comenzará una auditoría y plan de choque con el fin de reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas. Una vez completada la auditoría, los partidos que conforman la Junta de Andalucía se comprometen a trasladar las conclusiones “a un plan extraordinario de reducción de listas de espera del SAS, con objetivos públicos por hospital, especialidad y provincia, priorizando los procesos con mayor demora, los pacientes que superen los plazos máximos garantizados y las patologías tiempo-dependientes”. Y, para garantizar que se cumplen los periodos máximos, se tendrán en cuenta actividad ordinaria ampliada, jornadas extraordinarias, derivaciones “ordenadas” dentro del sistema público. La colaboración público-privada estará “sometida a transparencia, control de resultados y reversión automática si no cumple”.
El documento refleja la intención de apuntalar cambios definitivos dentro del SAS. Es el caso de la historia clínica interoperable y la receta eficiente en toda la autonomía. Los partidos de Gobierno establecen un plan técnico en seis meses y la implantación “progresiva” desde el primer año de la interoperabilidad “real” de la historia clínica, la receta electrónica y los sistemas de información entre atención primaria, hospitales, urgencias, salud mental, farmacia hospitalaria y centros concertados “cuando participen en actividad financiada con fondos públicos”. El objetivo: “evitar duplicidades, mejorar la continuidad asistencial y reducir pruebas repetidas”. El despliegue completo de esta medida se prevé antes de que acabe la legislatura, en 2030.
Presupuesto, desburocratización y eficiencia para la atención primaria
Si el SAS tiene inyecciones presupuestarias en los presupuestos de cada año, se prevé un refuerzo específico para la atención primaria. Con una intención “finalista”, es decir, que ese aumento de recursos se traduzca en la contratación de más profesionales, en la mejora de infraestructuras, en que sirva para reducir demoras en la atención, también en zonas rurales o de difícil cobertura. Establecen que la partida presupuestaria deberá aparecer desglosada en un apartado específico.
Estos cuatro años de legislatura servirán también para que, antes de junio de 2027, se establezcan las primeras medidas del plan de desburocratización sanitaria en el primer nivel asistencial. Con ello persiguen “descargar a médicos y enfermeros” de tareas administrativas repetitivas, entre las que se mencionan la renovación de recetas, los partes de baja, informes duplicados, justificantes, trámites internos y otra documentación “de escaso valor clínico”. Y para lograrlo se menciona a unidades administrativas sanitarias, y procesos de automatización digital, el uso de la IA y la revisión normativa de los circuitos utilizados.
Las autoridades también estipulan la creación de una “agenda real de consulta el mismo día” en atención primaria “para procesos agudos y pediatría”, con una implantación progresiva que se completaría antes de finalizar 2028, según se puede leer en el documento. Así, define una agenda diaria con cupos reservados a este tipo de pacientes vulnerables, que contarían con triaje enfermero, criterios homogéneos de prioridad y refuerzo de personal administrativo y sanitario “donde sea necesario”.
Coto a las agresiones e incentivos para atraer y retener talento
Andalucía, según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad en su informe sobre agresiones a sanitarios, se sitúa como una de las primeras regiones con mayor registro de agresiones a profesionales sanitarios. De ahí que una de las medidas del acuerdo contemple poner en marcha un nuevo plan antiagresiones para reforzar la seguridad en centros sanitarios, “especialmente en atención primaria y urgencias” (donde son más víctima de ellas). Dicho plan se aprobará en los seis primeros meses, se implantará en el primer año del nuevo Gobierno, que publicará cada año sus resultados.
Por otro lado, hay iniciativas para mejorar la estabilidad laboral de los profesionales del SAS (con reducción de la temporalidad, de los contratos encadenados, planificación de ofertas públicas de empleo, cobertura de vacantes estructurales y previsibilidad a plazas, destinos y movilidad voluntaria). El calendario de estabilización deberá estar antes de junio de 2027 y, desde entonces, la ejecución se acometerá el resto de la legislatura.
El Gobierno andaluz establece una hoja de ruta a corto plazo para definir incentivos y medidas que garanticen la captación y retención de talento, dentro y fuera de Andalucía
En paralelo, se comprometen ambos partidos a una mejora salarial y de condiciones laborales del personal sanitario, previo estudio comparativo de retribuciones que se realizará en los primeros seis meses. Las medidas iniciales se recogerán en el primer presupuesto y la aplicación progresiva de este punto comprenderá toda la legislatura.
A su vez, el acuerdo recoge incentivos (económicos, profesionales y de conciliación) para plazas rurales y de difícil cobertura. Para ello, se aprobará un mapa que establezca dichas zonas antes de junio de 2027 y se dotará de presupuesto una vez se elabore el primer presupuesto completo, con revisiones anuales. Aunque también se detallan estrategias para retener a MIR, EIR y nuevos especialistas formados en la región andaluza. Será otro de los puntos a acometer en los primeros seis meses; la primera convocatoria será antes de finalizar el primer año de mandato. Y no solo el nuevo talento, sino también recoge un plan de retorno de sanitarios españoles que trabajan fura de Andalucía o España que se detallará en el primer año de gobierno.
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