El Tribunal de la ciudad italiana de Génova (noroeste) ha dictado este jueves la primera sentencia por el trágico derrumbe del puente Morandi en 2018, en el que murieron 43 personas, y ha condenado a un total de 32 responsables de su gestión y mantenimiento.
El principal imputado de los 57 que se han sentado en el banquillo es Giovanni Castellucci, ex consejero delegado de la concesionaria del puente, Autostrade per l’Italia (ASPI), y que ha sido condenado a 12 años de prisión, según avanzan los medios.
El derrumbe del puente Morandi se produjo en la mañana del 14 de agosto de 2018 mientras por su superficie circulaba el tráfico: el colapso causó la muerte de 43 personas así como graves daños materiales, dejando a cientos de vecinos sin hogar.
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Castellucci no ha acudido a la vista porque cumple otra condena a seis años de prisión por la muerte de 40 personas en el accidente de un autobús en 2013 en el viaducto de Acqualonga, en Avellino (sur).
El resto de imputados son antiguos directivos, gerentes y técnicos de la concesionaria del puente ASPI, de la empresa encargada de supervisarlo, SPEA, y del Ministerio de Infraestructuras y Transportes.
Entre los condenados este jueves figuran Michele Donferri, exresponsable de mantenimiento de ASPI, a once años de prisión; así como Paolo Berti, exdirector de operaciones, y Antonino Galata, exconsejero delegado de SPEA, ambos a cinco años y medio de cárcel.
El exdirector de vigilancia del Ministerio, Mauro Coletta, ha sido condenado a 5 años de cárcel.
En total, los condenados ascienden a 32 y suman un total de 200 años de prisión, según recogen los medios.
Un tramo del puente Morandi, de 1.182 metros de longitud y una altura de 90 metros, se vino abajo. (Foto: EFE)
La lectura de la sentencia fue escuchada en la audiencia por los parientes de las víctimas, acompañados por la actual alcaldesa de Génova, Silvia Salis.
El juicio comenzó el 7 de julio de 2022 y ha constado de 284 audiencias. La Fiscalía de Génova ha solicitado penas que suman casi 400 años de prisión para 56 de los acusados y la absolución de uno de ellos.
Los fiscales creen que todos tienen algún grado de responsabilidad en el derrumbe ya que, según la acusación, se conocían desde hacía años los problemas estructurales del puente y la necesidad de realizar obras de mantenimiento, aplazadas reiteradamente.
Los acusados han tenido que responder de los delitos de homicidio múltiple, homicidio culposo, derrumbe culposo, incumplimiento de deberes oficiales, atentado contra la seguridad del transporte, falsedad documental y omisión dolosa de medidas de seguridad en el trabajo.
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En vísperas de la sentencia, Autostrade per l’Italia, cuya cúpula directiva ha sido completamente renovada desde la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana.
Autostrade per l’Italia y SPEA han abonado durante estos años cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
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