Una manera más de evaluar los desafíos que tenemos por delante es especular sobre qué características tendría el futuro gobierno.
Un gobierno de Keiko Fujimori probablemente nos recuerde lo que hemos tenido en los últimos años, desde el gobierno de Boluarte. Es decir, cierta continuidad en política económica, mezclada con algunos giros populistas; lógicas conservadoras en términos de valores; el afianzamiento de cierto control sobre otros poderes del Estado y organismos autónomos; discursos con énfasis en la aplicación de “mano dura” en el combate a la inseguridad o como respuesta a protestas y conflictos sociales. Es decir, cierta continuidad con la conducta de Fuerza Popular en el Congreso de los últimos años. Al mismo tiempo, no se puede obviar el hecho de que una cosa es partir siendo oposición en el Congreso del 2021 y luego influir en las decisiones del gobierno, y otra, cargar con esa responsabilidad. Una cosa es ensanchar y afianzar espacios de poder, cuando las responsabilidades ejecutivas son de otros, y otra, asumir las consecuencias de esas mismas decisiones desde el gobierno. El manejo del equilibrio fiscal es una muestra elocuente: la bancada apoyó decisiones que encendieron las alarmas del Consejo Fiscal, y hoy, Luis Carranza anuncia la necesidad de detenerlas.
Si bien Fuerza Popular es, sin duda, el partido político más sólido en términos de arraigo popular y de disciplina partidaria, en realidad es una amalgama de intereses y visiones bastante disímiles, cohesionados detrás de un liderazgo asentado en una suerte de sucesión dinástica, que ha sabido sobrevivir adaptándose de manera pragmática a las circunstancias, pero sin un rumbo programático o ideológico claro. En suma, primará la continuidad respecto a los últimos años, pero muy probablemente también veremos dudas, incoherencias, marchas y contramarchas en la conducción gubernamental. Estas tensiones se harán más pronunciadas a la luz de la composición del Congreso: Fuerza Popular necesita del apoyo de Renovación Popular para formar mayoría en el Senado, pero en Diputados necesita además del Partido del Buen Gobierno o de algunos otros. Además, enfrentará oposición no solo desde el Congreso, sino también desde las regiones y desde la sociedad civil.
Un gobierno de Roberto Sánchez probablemente nos recuerde bastante al de Pedro Castillo; repite la tensión de cómo conciliar el radicalismo de la organización partidaria original y de la campaña en primera vuelta, dentro de la cual el antaurismo era un aliado fundamental, con el realismo y la responsabilidad que requiere la gestión gubernamental y la conformación del Congreso. En el caso de Castillo, esto se expresó en incoherencias permanentes, en inestabilidad crónica, en un manejo desprolijo, cuando no abiertamente clientelístico, del Estado, que hizo imposible alguna mejora concreta en las políticas públicas. Muy probablemente tendremos contradicciones similares, quizá en un grado un poco menor; a favor de Sánchez se podría decir que la experiencia de Castillo no debe haber pasado en vano y que también cuenta con mucha más experiencia y manejo político que este. Será un gobierno presionado por una oposición tenaz desde los sectores conservadores y, para poder gobernar, necesitará en el Congreso no solo de Ahora Nación y de Obras, sino también del Partido del Buen Gobierno, lo que ahondará las tensiones.
En cualquier caso, se requiere de una sociedad vigilante y activa para evitar descalabros mayores y forzar la implementación de políticas sensatas.
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