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Según la acusación de la Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios, la virtual congresista Jessica Navas destinó parte del presupuesto para el acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha “en adquisiciones no previstas en el convenio establecido con el Plan Copesco Nacional (Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural) y la Dircetur de Ucayali”.
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Por aquel entonces, el Dircetur, bajo la gestión de Jessica Navas (y luego de Lisette Rengifo Rojas), adquirió un bus turístico de dos niveles por el monto de S/400 mil, una camioneta 4×4 por S/131 mil y cuatro motocicletas lineales por más de S/30 mil. Estos gastos no contemplados en el presupuesto acordado habrían generado un perjuicio económico al Estado, según el fiscal corporativo especializado en corrupción de funcionarios públicos, Fredy Núñez.
En julio del 2025, la defensa de la representante de Fuerza Popular solicitó la nulidad del enjuiciamiento al Poder Judicial, pero la Primera Sala Penal de Ucayali declaró infundado, por unanimidad, el recurso a favor de Navas.
Navas y Keiko Fujimori en Pucallpa
—Reo contumaz—
En marzo del 2026, en plena campaña electoral, la sala de la Corte Superior de Justicia de Ucayali declaró reo contumaz a Navas luego de que esta no asistiera a la audiencia de reinstalación del juicio oral, la cual fue ordenada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Además, se ordenó su ubicación y captura para garantizar su presencia en el proceso judicial. Finalmente, la entonces candidata fujimorista se puso a derecho indicando que no pudo estar presente en la instalación del juicio debido a problemas de conexión y su abogado “estaba enfermo y con el celular sin batería”.
“Ella no tenía injerencia en compras, no tenía injerencia en nada. Solo es como que llegaba el expediente y ellos tenían que ejecutar. Porque, imagínate, que no ejecute; entonces, también le hubieran procesado”, afirmó el abogado de Navas, Bryan Apagueño.
“Fueron funcionarios de otra área quienes tuvieron que hacer bien esas compras porque había unas adendas al convenio inicial que sí le facultaba el gobierno regional a realizar modificaciones en indicadores, en ejecución, en presupuesto […] Valiéndose de ello, la Gerencia de Infraestructura lo hizo. Ella no tenía nada que ver con esa unidad ejecutora”, anotó el letrado.
—En pleno juicio—
El juicio oral a la virtual legisladora fujimorista y otros dos funcionarios de la gestión de Manuel Gambini, Lisette Rengifo Rojas y Wilmer Trujillano Alcalá, se ha reanudado desde mayo del 2026. Entre marzo y mayo, se han llevado a cabo 10 audiencias por este caso.
El 23 de marzo pasado, a veinte días de las elecciones congresales, la entonces candidata apareció junto con su abogado, Bryan Apagueño Reátegui, en una conferencia virtual. Tras saludar a la jueza Irene Hidalgo Armas y a los abogados presentes, Navas pasó a dar sus descargos de ley ante el juzgado.
Jessica Navas fue la candidata más votada
El juicio oral se encuentra en la etapa de análisis de pruebas y se espera que la magistrada emita sentencia en algunas semanas. Por este caso, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil.
En caso de ser sentenciada, la fujimorista podría asumir su curul en la Cámara de Diputados. El experto en temas electorales José Naupari explicó a este Diario que esto podría suceder debido a que se trataría de una sentencia en primera instancia. “Una sentencia es un impedimento para ser candidato, no para asumir el cargo”, indicó.
Otro punto por tener en cuenta es que toda sentencia debe ser ratificada en una segunda instancia, además de que se resuelvan las posibles apelaciones de los imputados.
El Caso Elera
- En el actual período unicameral, el Congreso declaró la vacancia del condenado Wilmer Elera (Somos Perú). Esto ocurrió luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura confirmara la sentencia de seis años de cárcel impuesta en primera instancia contra ese legislador por el delito de colusión agravada.
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