Para millones de peruanos, el Estado se ha convertido en una experiencia cotidiana de frustración. El drama del ciudadano peruano no es abstracto sino real. La sensación permanente de que el Estado consume enormes recursos, pero devuelve resultados cada vez más pobres.
En economía, una función de producción combina capital, trabajo y productividad. Lo mismo ocurre con el Estado. El sector público utiliza presupuesto, infraestructura y trabajadores para producir seguridad, educación, salud, justicia y servicios públicos. Y el problema en esta función de producción estatal está en la productividad con la que esos recursos terminan generando un pobre bienestar para la población.
Parte del deterioro proviene de la erosión progresiva de la meritocracia y las capacidades técnicas dentro del aparato público. En educación, por ejemplo, menos del 30% de postulantes aprobó la evaluación nacional para ingresar a la Carrera Pública Magisterial 2024, reflejando enormes brechas acumuladas. Sin embargo, en lugar de fortalecer exigencias y profesionalización, el debate político suele orientarse hacia flexibilizaciones y menor rigurosidad en los sistemas de evaluación, mientras el sueldo docente creció más de 100% en el último quinquenio.
Pero el problema también tiene un fuerte componente organizacional. El proceso de descentralización, aunque necesario en muchos aspectos, terminó fragmentando excesivamente capacidades, funciones y responsabilidades sin construir previamente suficiente capacidad técnica en gobiernos subnacionales. El resultado ha sido una pérdida significativa de productividad estatal: más niveles de decisión, mayor dispersión burocrática, menor coordinación y crecientes problemas de ejecución y supervisión.
Las cifras muestran con claridad este deterioro. Entre 2019 y 2024, el gasto en planillas públicas aumentó más de 40%. Sin embargo, las condiciones de vida de los ciudadanos no mejoraron; en muchos casos, empeoraron. La pobreza monetaria pasó de 20,2% a 27,6%; los homicidios prácticamente se duplicaron; y los aprendizajes escolares retrocedieron de manera alarmante. Hoy apenas 3 de cada 10 estudiantes de primaria de escuelas públicas alcanzan niveles satisfactorios en matemáticas.
La situación resulta todavía más preocupante en infraestructura pública. En el último quinquenio se destinaron más de S/100 mil millones a inversión pública y, aun así, las brechas esenciales siguen prácticamente intactas. Cerca del 70% de colegios públicos continúa sin acceso adecuado a servicios básicos y miles de proyectos permanecen inconclusos. A 2024 existían alrededor de 2.500 obras paralizadas, mientras este año casi la mitad de proyectos públicos registraba ejecución cero.
El crecimiento económico depende no solo del tamaño del gasto público, sino de la calidad institucional, la capacidad burocrática y la productividad estatal. Cuando el Estado funciona mal, aparecen costos invisibles que terminan destruyendo crecimiento: sobrerregulación, permisología excesiva, burocracia improductiva y mala asignación de recursos. La tramitología es quizá la expresión más visible de esa enfermedad institucional. Un proyecto minero en el Perú puede requerir más de 230 procedimientos administrativos y enfrentar hasta 30 actores distintos. Diversos permisos llegan a tardar hasta cuatro veces más de los plazos legales establecidos.
Y el problema no se limita a la minería. A diciembre de 2024, apenas el 17,8% de entidades públicas había incorporado procedimientos estandarizados al Sistema Único de Trámites. La fragmentación institucional, la duplicidad de funciones y la ausencia de interoperabilidad siguen atrapando ciudadanos y empresas en una maquinaria burocrática lenta y descoordinada.
El Perú necesita dejar de discutir cuánto Estado quiere y empezar a discutir urgentemente qué Estado necesita. Eso implica recuperar meritocracia y profesionalización, simplificar radicalmente procesos y replantear el funcionamiento de la descentralización, equilibrando mejor responsabilidades, recursos y capacidades entre niveles de gobierno. Porque cuando la productividad del Estado colapsa, termina colapsando también la confianza, la competitividad y, finalmente, la esperanza de los ciudadanos. Una esperanza que en pocos días se volverá a encontrar en las urnas.
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