El Consejo Fiscal (CF) ha llamado la atención sobre el futuro de las cuentas públicas. En un escenario pasivo, la deuda pública tendría un comportamiento explosivo y hasta se podría perder el grado de inversión hacia finales del nuevo gobierno. El colegiado ha mostrado con nitidez cómo el Congreso saliente podría ser calificado como el más populista de los últimos 36 años de vigencia de la Constitución.
Recordemos que la base de la estabilidad macroeconómica mostrada por el Perú en lo que va del siglo no solamente ha consistido en el Banco Central de Reserva, con una inflación baja y estable, sino en el relativamente buen manejo de las finanzas públicas, sobre todo de la última línea de resultados.
De la política fiscal se espera que sea sostenible, contracíclica y que se encargue de un gasto público y una tributación, ambas eficaces y eficientes.
En los últimos dos períodos presidenciales hemos tenido ocho presidentes de la República y 18 ministros de Economía; es decir, una duración promedio de 6,6 meses. En general, mientras más fuerte políticamente era el presidente, más fuertes eran sus ministros de Economía. En general, también, los ministros han sido muy parecidos en cuanto a la disciplina fiscal, dentro del ámbito de sus atribuciones y el poder de sus presidentes ante el Congreso de la República.
Así, la deuda pública peruana con relación al PBI es la que menos ha aumentado en las últimas dos décadas, si la comparamos con decenas de países en el mundo.
Sin embargo, las crisis políticas y la debilidad del Ejecutivo han debilitado la política fiscal. El gasto público corriente, la inversión pública y la recaudación han retrocedido severamente en su efectividad y eficiencia. Se ha descuidado la calidad del gasto y se ha perforado el sistema tributario. Pero lo más grave –si cabe– lo ha hecho el Congreso actual: aumentar el gasto público futuro de un modo inconstitucional.
Según el Consejo Fiscal, durante el próximo lustro la deuda pública podría sobrepasar el 40% del PBI. Lo que, dada la baja tasa de presión tributaria (por la evasión y las exoneraciones), podría llevarnos a perder el grado de inversión. Tener un buen ráting crediticio y unas tasas de rendimiento relativamente bajas de los bonos peruanos también favorece el costo del crédito al sector privado. La triste experiencia colombiana es ilustrativa al respecto.
El reto del próximo gobierno será dar nuevas leyes que corrijan o anulen las anteriores o recurrir al Tribunal Constitucional para derogar las que violan los principios constitucionales. Tampoco son muchas. Basta con la más significativa (pensiones magisteriales), y tal vez otra más, para retornar a una senda sostenible. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. La hacienda pública la maneja el Poder Ejecutivo.
—Los candidatos y sus planes económicos—
La comparación entre ambos planes económicos evidencia que el Perú se enfrenta a una coyuntura electoral definida por proyectos políticos claramente contrapuestos. Son dos concepciones distintas sobre el rumbo económico que debería seguir el país. Sánchez plantea un mayor peso del Estado en el sistema económico a través de cambios del marco constitucional. Fujimori propone una promoción de la inversión y la modernización de la gestión pública.
Es inverosímil que un gobierno de Sánchez corrija la trayectoria fiscal mostrada por el Consejo Fiscal. Su plan de extrema izquierda llevaría a una pérdida de dinamismo económico y a otra oportunidad perdida en la historia de la República. En el caso de Fujimori, deberá enmendar como Ejecutivo la herencia dejada por el Legislativo y reencauzar al país hacia el desarrollo económico y social, que se ha mostrado esquivo en estos 10 años de crisis políticas.
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