¿Un nuevo pacto social para una verdadera justicia social?

El dogma de que el Perú necesita un nuevo “pacto social” para alcanzar una verdadera “justicia social” parte de una premisa aparentemente incuestionable: que las desigualdades económicas entre distintos grupos constituyen una prueba irrefutable de explotación, codicia o discriminación, orquestados desde un sector aventajado de la sociedad en perjuicio de otro.

Bajo esta óptica, todo resultado desigual es interpretado como una falla del sistema económico, impuesto por nuestra Constitución, que el Estado estaría llamado a corregir. Sin embargo, esta narrativa ignora que la realidad es más compleja y que las diferencias en los logros de cada individuo responden a una multiplicidad de factores que escapan al control de cualquier planificación centralizada o impulso intervencionista del Estado.

Thomas Sowell sostenía que incluso la propia naturaleza, lejos de ser igualitaria, impone restricciones geográficas, climáticas y de dotaciones de recursos, que condicionan y generan los incentivos para que los individuos desarrollen sus capacidades. Pretender, por ello, que grupos con historias, culturas y entornos distintos alcancen resultados similares no solo constituye una utopía, sino también una negación tanto de la evidencia empírica como de la naturaleza humana.

Uno de los errores más peligrosos de esta visión intervencionista es la “falacia del conocimiento”, la idea de que una élite política posee la información necesaria para rediseñar la sociedad. Como bien señalaron Friederich A. von Hayek y Milton Friedman, el conocimiento está disperso entre millones de individuos y se coordina de manera espontánea a través del sistema de precios y de las interacciones voluntarias. Cuando el Estado pretende sustituir estas decisiones, termina restringiendo la libertad individual y socavando la eficiencia que solo el orden espontáneo del mercado puede generar.

Las políticas redistributivas, que en la práctica implican la confiscación de riqueza revestida de una supuesta superioridad moral, suelen ignorar su viabilidad y sus consecuencias o resultados reales. El ofrecimiento de beneficios “gratuitos”, a costa de terceros “privilegiados”, atrae a amplios sectores de la población, a quienes se les ha convencido de que las desigualdades existentes son producto de una élite que colude para su propio beneficio. Estas políticas parten de la falacia de que existe una cantidad total fija y estática de riqueza que debe compartirse.

El progreso no nace de una ingeniería social refundacional impulsada por un Estado paternalista que busca imponer por decreto una igualdad de resultados. Nace, principalmente, del respeto a la propiedad privada, de la libertad de acción de cada individuo para que goce del fruto de su trabajo e innovación y de la conformación de un estado de derecho que vele por la igualdad de sus ciudadanos ante la ley. ¡Por un Estado enfocado en preservar nuestras libertades y que no merme nuestros derechos fundamentales en nombre de ideales románticos, pero fallidos!