Imaginemos esta escena en un supermercado en Londres: una consumidora comprando un sérum de aceite de aguaje amazónico rico en antioxidantes y un jugo de camu camu con altísimo contenido natural de vitamina C. Ambos productos son peruanos y certificados como libres de deforestación. No son curiosidades exóticas. Son productos naturales, con cualidades únicas para la salud, que compiten en mercados exigentes. Este escenario no es una fantasía ni ciencia ficción. Es una oportunidad real para el Perú en una economía global que hoy premia la sostenibilidad y la trazabilidad.
El mercado ya se mueve y, desde Belém, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 30, fue clara: para proteger la Amazonía y evitar los efectos graves del cambio climático, necesitamos modelos económicos que generen bienestar sin destruir la naturaleza. El problema es que los incentivos no acompañan: por cada dólar invertido en protegerla, aún se gastan treinta en destruirla.
Aquí es donde el Perú tiene la ventaja. La Amazonía peruana constituye un capital económico estratégico. Conviene decirlo claramente: el bosque vale más en pie. Un árbol talado genera ingreso una sola vez; un árbol en pie puede hacerlo de forma recurrente. La Amazonía peruana es infraestructura productiva: regula el agua y las lluvias, reduce riesgos climáticos, sostiene la agricultura y la energía, y apuntala medios de vida mucho más allá de la región amazónica. Durante décadas, el valor del bosque amazónico fue invisible para la economía. Hoy empieza a volverse medible. El cambio no es moral: es económico.
Cuando se degrada el bosque, los costos se sienten en toda la economía: menor productividad, mayor gasto público en emergencias y reconstrucción, y más incertidumbre para empresas y comunidades.
Para los peruanos, este costo puede traducirse en alimentos y electricidad más caros, menos empleos estables, interrupciones más frecuentes por inundaciones y sequías, y presupuestos públicos más estrechos para salud, educación y servicios básicos, a medida que crecen los costos de las emergencias. Visto así, invertir en el bosque es una decisión económica abrumadoramente racional.
Lo que sigue es claro: una política pública inteligente y mercados a escala. Merece un lugar central en la agenda del próximo gobierno, sobre todo porque los foros globales reconocen cada vez más a la bioeconomía como un motor de competitividad e innovación productiva. La Estrategia Nacional de Bioeconomía, cuyo proceso fue lanzado en el III Taskforce de Bioeconomía impulsado por Reino Unido en febrero, abre una oportunidad para reducir barreras y construir una cartera de negocios invertibles, desde la biotecnología hasta la bioindustria, en mercados de mayor valor agregado.
Desde el Reino Unido hemos venido respaldando esta visión con apoyo práctico: conectando a productores amazónicos y empresas de base biológica con compradores e inversionistas británicos, y creando demanda por productos que demuestren cero deforestación, trazabilidad total y altos estándares. También invertimos en paisajes con cadenas sostenibles que demuestran que proteger los bosques puede generar economías locales viables, y cuyos casos de éxito puedan replicarse en otras zonas de la Panamazonía.
El reto es escalar: que el Perú impulse la bioeconomía amazónica latinoamericana y transforme los activos del bosque en pie en empleo y productividad será no solo razón de orgullo nacional, sino también una gran victoria para el planeta.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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