Cinismo extremo: otro alarmante descubrimiento se suma a varios anteriores y da cuenta de que a la ONPE no le entran balas y hasta parece haberse convertido en la cueva de Alí Babá.
Se sabe ahora que la auditoría que supuestamente garantizó la calidad del sistema con el que fuimos a votar fue hecha por una compañía que tiene como sede un ‘coworking’. Su supuesta sede en Chile tiene una dirección que Eric Morán, representante de M&T International, no recuerda y cuyo teléfono nadie contesta. No hace mucho, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado los suspendió por 11 meses, y, la cereza de la torta, es la misma empresa a la que van a encargar la auditoría de la segunda vuelta.
Política del avestruz: el Jurado Nacional de Elecciones anunció ayer que el domingo 17 proclamará a los candidatos para la segunda vuelta y que, a la vez, anunciarán “la conformación del comité de expertos que acompañará la evaluación de los sistemas del proceso electoral”. En otras palabras, no han avanzado un ápice. Han hecho saber, eso sí, que, sea cual fuere el resultado de su auditoría, ello no cambiará nada de la segunda vuelta ni sus resultados. Me parece totalmente incongruente. Da la impresión de que la magnitud de la crisis los ha sobrepasado y que lo único que quieren es que llegue el 28 de julio y poder liberarse de la pesadilla en la que están metidos. No parece importarle al JNE que, dado lo que sabemos de la ONPE, haya muchas posibilidades de que en su auditoría encuentren fallas insalvables.
Males mayores: de un lado, Roberto Sánchez, que no se avergüenza de haber hecho elegir a un grupo de notorios senderistas, toma hipócrita distancia de Antauro Humala para no asustar aún más a la ya aterrada parte del país que, por muy buenas razones, percibe que lo peor ocurrirá si él gana. Sin embargo, sea cual fuere el resultado, necesita los votos de los congresistas elegidos por el asesino de policías –fina cortesía de Belmont–.
Por su lado, Keiko Fujimori nos ofrece un gobierno honesto y de unidad nacional, pero, para satisfacer las venganzas del presidente del Congreso contra la ex fiscal de la Nación por una muy merecida sentencia por difamación, aprueban una inconstitucional segunda acusación por lo mismo y una ley ídem que decide quiénes pueden ser miembros de una asociación civil –el abogado César Azabache dixit–. Con ello, la candidata refuerza la muy extendida percepción de que lideró el pacto mafioso responsable de los destrozos de estos últimos años.
Efecto Porky: Keiko parte con ventaja. Aun así, es inevitable que los resultados sean estrechos porque ambas son las opciones más rechazadas por la otra mitad del país. Si López Aliaga hace campaña buscando la nulidad de las elecciones, bastaría que una parte de sus seguidores lo acompañe en su empeño para regalarle la victoria al triunvirato de Roberto Sánchez, Antauro Humala y Abimael Guzmán.
Estropicios de Balcázar: por un lado, coquetea con un indulto para el golpista en campaña. Por el otro, con el voto favorable del Consejo de Ministros han cometido malversación de fondos al aprobar, bajo un enredado sistema, US$2.000 millones más para Petro-Perú que, igual que los anteriores, van a fondo perdido –el abogado experto en hidrocarburos Jaime Pinto dixit–. Hay que agregar otros US$4.765 millones desde el 2022, y que, en los últimos 12 años, la cifra suma un monto equivalente al 12,9 % del presupuesto de este año.
Es enorme lo que se pudo hacer con todo ese dinero ya irrecuperable. Jalando para mis temas, una parte menor habría podido financiar la más completa y sofisticada –y, por tanto, eficiente– estrategia de lucha contra el crimen organizado.
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