A 12 días del 12 de abril, no sabemos quién va con Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Peor aún, no lo sabremos por 21 días más. Eso ya es, de por sí, una anomalía, pues le da una ventaja de más de un mes para hacer campaña electoral en solitario, siendo a la vez cierto que ella tiene el derecho a hacerlo.
Recién al noveno día del irreparable desastre que ocasionó, Piero Corvetto renunció a la ONPE. Se demoró tanto que debe ser hoy el personaje más odiado del país. Su renuncia no es legal y ha generado opiniones encontradas. Corvetto –en camino a una eventual detención preliminar– debe tomar precauciones para él y su familia porque hay mucho desquiciado que podría intentar atacarlo o algo peor.
Por su lado, López Aliaga convocó a una concurrida marcha el domingo pasado. Aconsejado por sus asesores para que no amenace nuevamente al presidente del JNE con sodomizarlo si no le hacía caso, dijo que si el 3 de mayo no se había convocado a elecciones complementarias “no garantizaba nada…”. Dado el perfil del personaje, ¿qué cree usted que pasaba por su mente: reprenderlo, agredirlo o mandarlo al más allá?
Entretanto, una encuesta postelectoral de Ipsos da cuenta de que el 45% considera que ha habido fraude en las elecciones; que la aprobación del (ex)jefe de la ONPE era de apenas 9% y, de paso, que la del presidente del JNE –que, hasta donde se conoce, no ha hecho nada malo– es solo del 16%.
¿Podemos continuar como si nada pasara con las elecciones tal cual? ¿Sería gobernable el Perú en los próximos años?
Creo que la respuesta es no y que el camino menos malo es apelar a la Constitución (artículo 31: “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”). De hecho, ya se aplicó –y con aplauso general– para la votación del lunes 13.
He escuchado a varios especialistas señalar que implementar “elecciones complementarias” es tremendamente complicado. Habría que revisar uno a uno los padrones para ver quién votó y quién no, o elaborar uno nuevo, con el tiempo adicional que ello exigiría. Por eso, sería mucho más viable –usando el mismo padrón– realizar nuevas elecciones en Lima Metropolitana. Habría opiniones encontradas y quizás podría retrasarse la entrega del mando algunas semanas, pero así estamos.
Roberto Sánchez haría un berrinche, pero con un insignificante 2,79% de los votos válidos no tiene nada que perder. En cambio, parte de los votantes de Keiko Fujimori podrían abandonarla tácticamente –sabiendo que ya está en segunda vuelta– y votar por López Aliaga para sacar de juego a Sánchez.
Por si el país no tuviese ya suficientes problemas urgentes que resolver, se superpone la “crisis Balcázar” por la compra de los F-16, que ya provocó la renuncia del ministro de Defensa e incluso la del canciller, quien hasta entonces se había aferrado al cargo, avalando con su presencia las barbaridades de Jerí y luego las de Balcázar.
La complicación es mucho más grave, porque no se sabe si Balcázar –que ya había firmado un decreto supremo aprobando la compra– mintió, cambió de opinión o simplemente se olvidó.
Con cualquiera de esas opciones, pierde la poquísima legitimidad que tenía –si es que tenía alguna– y pone a no pocos buitres del Congreso a pelearse por alimentarse del cadáver político en que se ha convertido.
¿Habrá un quinto presidente en el quinquenio por responsabilidad de Pedro Castillo y su golpismo? ¿Habrá un noveno presidente en la década por responsabilidad de Keiko Fujimori y su venganza contra PPK?
¿Tendrá algún impacto lo que ocurra sobre la crisis electoral?
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