El reciente artículo de Raúl Benavides sobre la necesidad de bancarizar la cadena productiva de la minería aurífera peruana es un texto valiente y, sobre todo, propositivo. Tiene el mérito —poco frecuente en el debate público— de identificar con claridad un problema que el Perú ha preferido postergar durante demasiado tiempo y de esbozar propuestas concretas para enfrentarlo. La minería ilegal ha dejado de ser únicamente una crisis socioambiental: se ha convertido, cada vez con mayor nitidez, en una crisis de soberanía.
La minería aurífera peruana suele representarse mediante una imagen casi folclórica: el agricultor o pastor que migra desde el altiplano hacia zonas como Madre de Dios en busca de una oportunidad y termina participando —muchas veces sin proponérselo— en una tragedia socioambiental. Esa imagen contiene verdad, pero es incompleta.
La minería aurífera funciona como una cadena productiva internacional sofisticada, no muy distinta en su lógica económica y operativa de otras actividades exportadoras emblemáticas del Perú, como el café, la cochinilla o la fibra de alpaca. El proceso comienza con un micro acopio en la periferia, donde la materia prima se compra en efectivo y con escasa trazabilidad. Luego se concentra y almacena en lugares como Juliaca, desde donde es adquirido y transportado hacia plantas industriales en lugares como Arequipa y Lima. Allí se procesa el material y finalmente se exporta hacia mercados internacionales. En cada eslabón de esta cadena se agrega valor, hasta que el beneficio económico final termina acumulándose en grandes bancos globales.
El oro ilegal peruano —que mueve más de 10 mil millones de dólares al año— es un imán único para el lavado internacional de dinero: baja supervisión, gran volumen y alta liquidez. No es casual que un artículo publicado el 20 de agosto de 2025 en el Financial Times, titulado “The Illegal Gold Rush Sweeping the World”, lleve como subtítulo una advertencia elocuente: “El precio histórico del oro atrae criminales y grupos paramilitares hacia la minería ilegal, desde la Amazonía hasta Sudán”.
La propuesta de bancarizar la cadena productiva del oro— es una medida necesaria pero no suficiente. El eslabón más fácil de supervisar y de ser necesario intervenir en la cadena productiva aurífera no está en los pequeños agricultores y pastores que buscan oro en el Rio Madre de Dios. Está en los procesadores de oro que reciben mineral, lo procesan industrialmente, y lo convierten en barras doré para exportar formalmente a lugares como los Emiratos Árabes Unidos, India, y Estados Unidos.
Las relaveras de las plantas procesadoras de oro pueden convertirse, paradójicamente, en una fuente inesperada de información sobre el origen del mineral que procesan. Aunque el oro se extraiga mediante procesos químicos, los relaves conservan minerales asociados y elementos traza que funcionan como una suerte de huella geológica del yacimiento original. Analizados por laboratorios especializados, estos residuos pueden revelar si el mineral proviene de determinados distritos mineros. En zonas como La Pampa, donde la minería ilegal deja una firma mineralógica particular, el estudio sistemático de relaveras podría ofrecer indicios valiosos sobre la procedencia del oro que llega a las plantas procesadoras. En cierto modo, las relaveras terminan funcionando como un archivo geológico involuntario de la cadena productiva del oro.
Las procesadoras de oro, por la naturaleza misma de su actividad, están expuestas a riesgos de lavado de dinero incluso mayores que los que enfrentan muchas empresas actualmente supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Dado que el oro es un activo monetario y una reserva de valor global más relevante que el Sol peruano, resulta sorprendente que en el Perú las plantas procesadoras de oro no estén sometidas a una supervisión equivalente a la que enfrentan las instituciones financieras. Si existe una entidad con la capacidad técnica y la experiencia para hacerlo, esa es la SBS.
No es un dato menor que su actual titular, el señor Sergio Espinosa, haya sido presidente pro tempore de GAFILAT, el organismo regional encargado de coordinar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en América Latina. Pocas personas en el país conocen mejor que él los mecanismos mediante los cuales el dinero ilícito se infiltra en las economías formales. Contar con su experiencia y talento para resolver el problema más grande que tiene el Perú hoy sería de gran valor.
Supervisar las plantas procesadoras de oro es menos complejo que supervisar bancos. Los flujos de material y de dinero son más concentrados y visibles. Con un marco regulatorio adecuado, estas empresas podrían convertirse en puntos de control clave para detectar operaciones sospechosas. Es probable que con solo supervisar las 5 procesadoras de oro más grandes de Perú se cubra el 80% de este riesgo.
Las concesiones de oro que compran grandes cantidades de mineral de terceros y que reportan leyes de oro inusualmente altas también deberían de ser reguladas dado que están intermediando en el sistema monetario con volumen de pago superior a los que manejan las reguladas cajas municipales. En algunos casos, esas anomalías pueden ser señales de mezclas de mineral provenientes de operaciones ilegales. Solo se requiere contratar los servicios básicos de un geólogo para auditar las leyes de oro y medir el consumo de energía en los últimos años.
Pero incluso un sistema regulatorio sólido dentro del país sería insuficiente sin una cooperación internacional efectiva. Existen procesadoras de oro que cuentan con permisos para tener una relavera descubierta con cianuro en zona urbana; episodios así sugieren que el llamado al orden no puede depender únicamente de nuestras actuales instituciones y que requerimos del respaldo de la comunidad internacional.
El oro ilegal peruano no se queda en el Perú. Termina, directamente o por Bolivia y Ecuador, en mercados internacionales posiblemente usando el sistema de pagos americano. Una de las personas que más conoce sobre minería ilegal es Anthony Salisbury. El Señor Salisbury es Deputy Homeland Security Advisor en la Casa Blanca y se especializa en lavado de activos, crimen organizado, terrorismo, y amenazas a la seguridad nacional. Contar con su talento y experiencia para resolver el problema de la minería aurífera en el Perú es necesario.
La minería ilegal es una actividad que genera violencia contra periodistas, líderes católicos, dirigentes comunitarios, funcionarios públicos y denunciantes que han intentado exponer sus abusos. Pero el problema va más allá de la violencia. La minería ilegal constituye un desafío directo a la capacidad del Estado para ejercer autoridad sobre su propio territorio. Cuando una actividad ilícita alcanza dimensiones tales que puede financiar campañas políticas, corromper fuerzas del orden, atraer redes criminales internacionales e incluso influir sobre profesiones destinadas a defender el Estado de derecho, estamos ante algo más que un delito: estamos ante una amenaza a la soberanía.
Vale la pena recordar el caso italiano de los años noventa. La crisis de corrupción que los medios bautizaron como Tangentopoli —literalmente, “la ciudad de los sobornos”— terminó siendo enfrentada por un movimiento judicial y cívico que la historia conocería como Mani Pulite, o “manos limpias”. Aquella transformación no fue obra de un solo actor: fue el resultado de una combinación de presión ciudadana, periodismo independiente, magistrados valientes, letrados que no se vendieron, y una creciente presión internacional que volvió insostenible el viejo sistema.
Resolver el problema de la minería ilegal en el Perú probablemente requerirá una convergencia similar de fuerzas: periodismo independiente, ciudadanía activa, servidores públicos íntegros, abogados honestos, y una presión internacional decidida. En Italia, Mani Pulite no solo desmanteló un sistema de corrupción profundamente arraigado; también provocó un verdadero renacimiento político. Los partidos tradicionales que habían dominado la posguerra desaparecieron, y surgieron nuevas fuerzas políticas que redefinieron el panorama institucional del país.
El Perú tiene una de las minerías más modernas del mundo. Pero convive, al mismo tiempo, con una de las más oscuras. El país merece tener una sola minería: la mejor. Una crisis nunca se puede desaprovechar. Busquemos que la crisis de la minería ilegal sirva para impulsar un verdadero renacimiento institucional en el Perú que ayude a dar vida digna a los agricultores y pastores en el altiplano que hemos invisibilizado.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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