El resultado de la segunda vuelta de las elecciones al Colegio de Abogados de Lima, entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el conocido abogado Humberto Abanto, fue aplastante a favor de la primera.
En la primera vuelta postularon ocho candidatos. Espinoza obtuvo 18.899 votos, que se convirtieron en 29.371 en la segunda vuelta. Su rival, en la competencia inicial, alcanzó 12.604 votos y llegó a 16.591 en la segunda. Es decir, mientras ella añadió 10.472 votos, su contendiente solo sumó 3.987.
Dado que existen otros cuatro colegios de abogados en la metrópoli Lima-Callao, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima –fundado en 1804– refleja en buena medida la opinión de abogados de clase media para arriba, supuesta base social de Rafael López Aliaga.
Lo ocurrido no es tanto un reconocimiento a los talentos jurídicos o a las virtudes personales de cada quien, sino un potente mensaje político. Pese a sus errores –y hasta desatinos–, Espinoza ha triunfado con dos tercios de los votos por ser percibida como víctima de la prepotencia del Congreso y de la Junta Nacional de Justicia, instituciones que, a su vez, defienden a rajatabla a personajes tan cuestionados como Tomás Gálvez y Patricia Benavides.
El voto de protesta se entiende aún mejor si consideramos que el aplastantemente derrotado es –o ha sido– abogado de tres figuras paradigmáticas de lo que se ha dado en llamar el “pacto mafioso”: Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y Fernando Rospigliosi.
Todo esto muestra que no es cierto que la ciudadanía quiera opciones extremistas de uno u otro lado. Existe un sector muy importante que se identifica con el centro y sus alrededores.
La más reciente encuesta de autopercepción ideológica (IEP, marzo del 2026), usando una escala del 1 al 10, indica que el 39% se ubica en el centro y zonas cercanas, el 22% en la derecha y el 9% en la izquierda. En tanto, la extrema derecha es reivindicada por el 19%, y la extrema izquierda, por el 14%.
¿Por qué el 71% de moderados tiene que aceptar ser gobernado por el 29% de extremistas? No tenemos que resignarnos a que, en los próximos años, nos gobiernen izquierdas o derechas radicales.
En ambos casos, son autoritarios –buscan terminar de demoler nuestra frágil democracia–; populistas –en connivencia con el Tribunal Constitucional, imponen gastos fiscales permanentes bajo el argumento de que luego generarán los ingresos–; y demagógicos –frente al principal problema del país, el crimen violento, ofrecen soluciones inmediatas–. Asimismo, son hiperconservadores: los derechos de las mujeres –incluidas las niñas violadas– y, peor aún, los de la población LGBTIQ+ les parecen cosa del demonio.
No nos ceguemos: informémonos bien antes de volver a entregarles el país. Entre las opciones en disputa hay, al menos, media docena de candidatos realmente comprometidos con la democracia, liberales en valores, responsables fiscalmente y con propuestas sensatas en materia de criminalidad. No dejemos que los extremistas malogren el futuro de un país que, bien encaminado, puede ofrecer enormes oportunidades a su población.
Coda: superada la crisis de Megantoni –aunque no el problema de fondo–, existe cierta expectativa de que las plagas naturales no sean tan crueles, pero ninguna que el crimen violento –especialmente con la monstruosa matanza de transportistas y pasajeros– amengüe.
Entretanto, el Ejecutivo y Congreso, actuando en consuno, siguen siendo las peores plagas imaginables. El cambio del enésimo Gabinete –por uno incluso más mamarrachento– terminó de disipar la ingenuidad de los ‘pragmáticos’, que pedían al Congreso otorgar la confianza, cuando lo único que los mueve es seguir arrasando con todo a su paso en beneficio propio.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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