La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció al cargo después de más de una década.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien renunció al cargo después de más de una década.
La renuncia de Muñoz Pedroza, encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, se dio a conocer en el mismo momento en que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó sobre la nueva designación de Seijo Noguera.
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“Hemos recibido misiva de -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez a los efectos de la renuncia del actual procurador de la República -para que- se considere el nombre de la ciudadana Arianny Viviana Seijo Noguera”, dijo Rodríguez durante una sesión del Parlamento.
Muñoz estaba en el cargo desde 2015, cuando fue designado por Nicolás Maduro, y fue ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según la Constitución venezolana, la designación del procurador general es una potestad del presidente o presidenta del país con la posterior autorización de la AN.
La designación de Seijo Noguera contó con la aprobación de una “mayoría evidente” del Parlamento, dijo Rodríguez.
Según el jefe parlamentario, la nueva procuradora es abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con experiencia en bufetes privados y en organismos públicos, y actualmente funge como consultora jurídica de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Seijo Noguera también estudió derecho en el “extranjero” y tiene un doctorado en leyes en Reino Unido, añadió Rodríguez.
Según la prensa venezolana, la nueva procuradora participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero para casos de presos políticos desde 1999.
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