El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
PUEDES VER: Más de 40.000 madrileños permanecen evacuados o confinados por el incendio
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.
Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
La CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanhayu.
Plasencia sostuvo que el «sesgo» de la CPI no es una simple coincidencia procesal, «sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».
«Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó.
PUEDES VER: Trump advierte a China y Rusia que si suministran armas a Irán sería “muy malo” para ellos
Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.
La norma fue sancionada por el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Iván Cárdenas
Rodríguez afirmó entonces que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».
Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
PUEDES VER: La casa natal de Hitler se convierte en una comisaría: la historia de un edificio siempre envuelto en polémica
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.
El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, hoy preso en EE.UU., intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Deja una respuesta