Una de las características principales del Perú post pandemia, ha sido la degradación constante de la calidad de los servicios básicos que el Estado provee al ciudadano, sobre todo los más elementales como la salud, la educación y el agua y el saneamiento. Esta degradación se ha acentuado sobre todo en los últimos años como consecuencia de la debilidad institucional del Poder Ejecutivo a partir de que asumió la Presidencia de la República Pedro Castillo y se acentuó cuando el Poder Ejecutivo, bajo la gestión de Dina Boluarte, fue capturado por los partidos políticos que integran el Congreso de la República. Esta pérdida de calidad de los servicios esenciales se ha dado, además, en un contexto de política fiscal expansiva que se ha reflejado en que la ejecución presupuestal total del país creció en casi 8% anual en promedio entre el 2019 y el 2025, y la inversión pública en 11% anual en promedio durante el mismo periodo.
En el sector educación, por ejemplo, entre el 2024 y el 2025, la comprensión lectora disminuyó para los alumnos del cuarto grado de 34,5% a 32,8% y en matemáticas el porcentaje de alumnos que mostraron suficiencia en la materia disminuyó de 35,6% a 27,1%. En las zonas rurales, estos porcentajes se reducen a la mitad de lo que se registra en áreas urbanas. De acuerdo a información del propio Ministerio de Educación, el gasto público por alumno alcanzó los S/ 6.266 en el 2024, un aumento del 40% respecto a los S/ 4.480 invertidos en 2019, incremento que no tuvo ninguna incidencia en la calidad de la educación porque durante ese lapso los indicadores se deterioraron. En el caso del sector salud, según el INEI, el 71,0% de los peruanos que necesitaron atención médica en el 2024 no la recibieron frente al 65,9% en 2015. Alrededor del 45% de la población acudió ese mismo año a una farmacia en busca de atención médica ante las precariedades de los establecimientos de salud en atención y acondicionamiento. El deterioro de los servicios de salud se registró a pesar de que el presupuesto público del sector se incrementó en más de 59% entre el año prepandemia y la actualidad.
Si se revisan los indicadores de calidad en el sector agua y saneamiento encontraremos que la proporción de hogares con agua adecuadamente clorada ha disminuido del 46,6% en 2019 al 37,3% en 2024, y que en el 2024 el 67% de los hogares tenían acceso a agua durante al menos 12 horas, una caída respecto al 78,6% en 2020. Tampoco se ha avanzado en cierre de brechas de acceso a servicios de agua y saneamiento es este periodo.
Una de las características comunes a los servicios esenciales en estos sectores es que su provisión se realiza predominantemente a través de un modelo de gestión pública tradicional en el que el Estado presupuesta la inversión, genera la infraestructura y luego la administra directamente para llevarle los servicios al ciudadano. A mediados del siglo pasado, el economista de la Escuela Austriaca, Ludwig von Mises, resaltaba que nadie cuestiona al sector privado cuando diseña o construye alguna infraestructura que genera servicios básicos, pero sí surgen críticas cuando su administración y provisión de servicios se le encarga al sector privado. En el Perú la evidencia muestra que los rendimientos escolares en las escuelas privadas superan a los que se obtienen en aquellas que administra el sector público, mientras que en el sector Salud, los escasos hospitales que fueron confiados al sector privado para su administración y atención registraron índices de satisfacción muy superiores a los que se presentan en los establecimientos públicos. En este periodo preelectoral es importante poner en debate los modelos de gestión si no queremos seguir deteriorando la calidad de vida de los peruanos, en especial de los más pobres.
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