Cada 28 de julio, además de celebrar un año más de la independencia de nuestro país, la tradición y la Constitución obligan al presidente en funciones a ofrecer un balance de su gestión. Cada cinco años, además, en esta misma fecha, se instala un nuevo Gobierno, elegido en los meses anteriores, y quien lo preside ofrece una visión de lo que (espera) será su gestión. En suma, un proceso ordenado de rendición de cuentas y de alternancia en el poder al que todos nos habíamos empezado a acostumbrar desde el 2001. Hasta hace diez años.
Desde el 2016, salvo dos excepciones, la mayoría de los jefes del Estado no se han calzado la banda por primera vez en el aniversario patrio. Seis lo hicieron en otras fechas, al asumir el cargo tras una crisis que terminó el mandato de su predecesor. Cuatro de ellos ni siquiera alcanzaron a dar mensaje a la nación en Fiestas Patrias.
Pero esta no es la historia de un país con muchos presidentes, sino la de uno que en la última década ha perdido oportunidades por marchas y contramarchas en las políticas públicas –hubo mucha rotación en carteras clave como Economía (17 personas distintas), Interior (27) y Educación (20)–, por el deterioro de la predictibilidad y por una institucionalidad debilitada. Todo con consecuencias significativas para la economía y el bienestar de los peruanos.
El contraste con los diez años anteriores mide el efecto de lo que acabamos de vivir. En pobreza, por ejemplo, entre el 2006 y el 2015 esta se redujo en 27,3 puntos porcentuales (de 49,1% a 21,8%). Entre el 2016 y el 2025 aumentó en cinco puntos (de 20,7% a 25,7%), con la pandemia y la dificultad para volver a niveles previos a ella como factores determinantes. Estos números tienen sentido con los del crecimiento económico: en el primer periodo el promedio anual fue de 5,85%; en el segundo, apenas 2,45%. La expansión promedio de la inversión privada, por su parte, pasó de 11,2% a solo 3%.
Para los inversionistas, la previsibilidad del país donde apuestan es clave. Y aunque la pandemia pesó sobre las cifras de la última década, no alcanza para explicar por sí sola el deterioro de la confianza. La encuesta de expectativas empresariales del Banco Central de Reserva (BCR) lo muestra con claridad: el índice de expectativas sobre la economía a tres meses promedió 59,3 puntos entre 2006 y 2015, terreno optimista incluso con la crisis del 2009 de por medio. Entre 2016 y 2025 cayó a 48,1, por debajo del umbral neutral de 50. El desplome del 2020 fue abrupto, pero el pesimismo se prolongó: el indicador permaneció bajo 50 durante 35 meses consecutivos, entre abril del 2021 y febrero del 2024, en paralelo con sucesivas crisis políticas. En el primer periodo el índice estuvo bajo 50 apenas el 18% de los meses; en el segundo, el 48%.
¿Podrá estrenarse un nuevo capítulo con el inicio del nuevo Gobierno? Las condiciones económicas están dadas: precios altos de los metales, reservas internacionales entre las más sólidas de la región, inflación controlada y un Banco Central que lleva casi 20 años haciendo un trabajo ejemplar. La diferencia vendrá de la política y de la confianza que esta logre construir: de que los poderes del Estado trabajen de la mano entre sí y con el sector privado y la sociedad civil, sobre todo frente a retos como el inminente fenómeno de El Niño. De cuán bien se combata la inseguridad. De nuestra capacidad de reducir la informalidad. Y de devolverle a instituciones como el MEF el peso que siempre debió tener.
Hoy, que inicia un nuevo capítulo en la política peruana, tenemos una nueva oportunidad de retomar el camino del crecimiento y el mayor bienestar para todos. Esperemos que sepamos aprovecharla.
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