Si se le preguntase a un grupo grande de peruanos si desean un cambio en el rumbo que sigue el país, probablemente un buen número diría que sí. No es para menos. La salud y la educación públicas deberían ser motivo de vergüenza nacional. El crimen organizado viene ganando fuerza. La pobreza –aunque reduciéndose– permanece por encima de los niveles previos a la pandemia. Es evidente que se necesita un cambio.
Si se le preguntase a un grupo grande de peruanos si desean un cambio en el rumbo que sigue el país, probablemente un buen número diría que sí. No es para menos. La salud y la educación públicas deberían ser motivo de vergüenza nacional. El crimen organizado viene ganando fuerza. La pobreza –aunque reduciéndose– permanece por encima de los niveles previos a la pandemia. Es evidente que se necesita un cambio.
Aquí es donde aparece el engaño. Juntos por el Perú (JP) y voceros afines señalan que la Constitución de 1993 es la responsable de los estropicios. Lo que habría que descartar entonces, en esta lectura, es la Carta Magna actual. Se aprovecha y manipula la demanda ciudadana legítima por mejoras en la calidad de vida para impulsar una agenda política que no soluciona los problemas reales.
El hecho de que haya que emprender reformas no significa que se requiera rehacer la Constitución. Más bien, la Constitución actual ha hecho posible que –en varias dimensiones– el país progrese significativamente desde hace más de 30 años. El PBI se multiplicó por tres en las últimas tres décadas, y la tasa de pobreza cayó en casi 40 puntos entre el 2004 y el 2019. Según recordó Apoyo Consultoría en un informe publicado ayer en este Diario, las propuestas de asamblea constituyente de JP más bien recuerdan la ruta que siguieron en su momento países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, cada uno con peores resultados que el otro.
Quizá uno de los principales méritos de la Constitución vigente es que limita o imposibilita la reincidencia en errores de las décadas de los setenta y ochenta. Así, el texto dificulta enormemente la expansión del Estado empresario (recuérdese la situación actual de Petro-Perú), la interferencia en la labor del Banco Central de Reserva (BCR), la discriminación por país de procedencia del capital, los controles de precios, y otras ideas que han mostrado terribles consecuencias ahí donde se han aplicado. JP, sin embargo, insiste en regresarlas al marco legal.
La izquierda liderada por Roberto Sánchez le tiende aquí una trampa a la ciudadanía. Lo que ha fallado en los últimos años es la gestión del Estado. Ellos lo saben. Y lo saben porque han sido parte del problema. Salud, educación, seguridad y otros sectores son responsabilidad del gobierno. Gracias al crecimiento económico, este ha tenido presupuesto suficiente para cerrar brechas, pero malas decisiones y corrupción lo han impedido. Aun así, pretenden venderle a la población que la responsabilidad es de la Constitución. Evitan mencionar, por supuesto, que la verdadera razón por la que demandan una asamblea constituyente es porque la actual Constitución es su principal barrera para capturar el poder total, como hicieron en los países que usan de referencia.
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