Gema Maldonado Cantero
Este miércoles acaba el plazo para presentar alegaciones a la reforma del real decreto que regula las condiciones laborales de los MIR y del resto de residentes de formación sanitaria especializada. Poco antes de que suene la campana, la Asociación MIR España (AME) y varias organizaciones sindicales tiene previsto registrar en el Ministerio sus aportaciones, con las que busca que Sanidad garantice los avances en materia de jornada, descansos, guardias y protección de la salud de los residentes que propone en el proyecto normativo y los convierta «en derechos concretos y exigibles en todo el Sistema Nacional de Salud», cuyo incumplimiento tenga «consecuencias». Además, suben la apuesta y proponen nuevas mejoras en materia retributiva y de formación, principalmente.
El nuevo texto de alegaciones firmado por la Asociación MIR España, el sindicato Metges de Catalunya, Amyts (sindicato de Madrid), O’Mega (Galicia) y Simpa (Asturias), que sigue abierto a que se adhieran más organizaciones, propone que el real decreto establezca un precio mínimo estatal de la hora de guardia que no sea inferior a la hora ordinaria de trabajo y en el caso de la quinta guardia mensual excepcional, ese precio sea como mínimo el 150%, la creación de un plus estatal de residencia y una tabla salarial fija que va de los 30.000 a los 42.000 euros en función del año de formación como residente.
Precio mínimo estatal de la hora de guardia no inferior a la hora ordinaria y, en el caso de la quinta guardia mensual excepcional, ese precio será como mínimo del 150%
En materia de jornada y formación, piden que las guardias localizadas se consideren íntegramente tiempo efectivo de trabajo y que se prohíba de forma expresa que se use a los residentes para cubrir la falta de médicos estructural. Proponen que se financien los cursos obligatorios, las rotaciones externas y los desplazamientos y que se garanticen al menos siete horas semanales dedicadas a formación. Piden garantías de que habrá una supervisión «efectiva y trazable» de su trabajo por parte de médicos adjuntos y que se blinde la protección de los residentes frente a represalias en aquellos centros en los que se incumplan las condiciones de trabajo de forma reiterada.
La parte económica del texto que propone Sanidad es la que ha generado mayor descontento en la Asociación MIR España. «Por eso en este documento de alegaciones se ha desarrollado de forma mucho más amplia y concreta», señala Jesús Arzúa, presidente de AME, a iSanidad. Las alegaciones señalan que el salario ordinario «debe ser digno sin depender de las guardias». Incluyen unas cantidades mínimas comunes para todo el Estado, que se actualicen anualmente. Vuelven a defender el complemento de grado de formación de, al menos, un 10% para R1 con un incremento progresivo hasta el 50% en los R5.
Los MIR piden que se prohíba de forma expresa que se use a los residentes para cubrir la falta de médicos estructural y garantías de supervisión «efectiva y trazable» de especialistas en las guardias
Proponen lo que denominan una «garantía de neutralidad retributiva» ante la reducción de las horas de guardia, para evitar que los residentes tengan que «aceptar ampliaciones supuestamente voluntarias» para no tener una merma económica. Esta garantía supondría que se reconociera un «complemento personal y transitorio» calculado sobre el promedio de los seis meses anteriores. Igualmente, apuestan por crear un plus estatal específico de residencia con un mínimo común a todos los servicios sanitarios al que se le añadiría «un componente territorial por coste de vida» y por otros factores como «la ruralidad, dispersión geográfica o dificultad de cobertura», señala Arzúa.
Además de un precio mínimo nacional de la hora de guardia, que no sea inferior al de hora ordinaria y que diferencie los días laborables de los festivos, noches y fines de semana, apuestan porque ese precio mínimo no sea inferior al 55% de lo que cobran los especialistas en el caso de los R1, un porcentaje que se irá incrementando hasta el 90% en las guardias de los R5. También proponen que se desarrolle un plan de financiación para toda esta reforma que garantice que la limitación de las guardias no supongan una «pérdida de sueldo, menos formación o más carga asistencial».
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