El congresista José Balcázar accedió a la presidencia a consecuencia de la vacancia de las tres personas que lo antecedieron en el cargo: Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. Y lo hizo en tanto titular del Legislativo, para terminar un período de apenas cinco meses, mientras se desarrollaba el proceso electoral de este año. Su tarea, como se sabe, se reducía a asegurar que esas elecciones se cumplieran de manera limpia y que la vida institucional del país siguiera adelante sin sobresaltos hasta la llegada del siguiente mandatario. Algo que nunca debió olvidar. Pero, como ha resultado obvio, él no estaba ni está dispuesto a dejar pasar la ocasión sin gozar de las mieles del poder mientras pueda. Una circunstancia que lo ha llevado a incurrir en una serie de despropósitos que recordamos aquí hace apenas unos días.
Despropósitos asociados, entre otras cosas, a seguir inyectando dinero a Petro-Perú y a la incesante designación de funcionarios en puestos clave del Estado cuando la gestión del gobierno que encabeza está a punto de culminar. Pues bien, esta semana ha añadido un desatino más a la lista: solicitar al Congreso que le conceda la pensión vitalicia y los otros beneficios reservados para los presidentes de la República que acceden a ese cargo por la vía del sufragio ciudadano. Según argumenta en el documento en el que formula su demanda, ello se justificaría porque desde el pasado 18 de febrero ha ejercido la presidencia “de forma efectiva”. Una afirmación cuestionable en más de un sentido…
El más evidente de ellos, sin embargo, es el que acabamos de señalar. En el 2022, para ser precisos, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una opinión consultiva sobre la mentada pensión en la que estipuló que no pueden recibirla los vicepresidentes de la República ni los congresistas que, como titulares del Parlamento, hayan asumido el cargo de jefe del Estado por sucesión presidencial. Es decir, exactamente la situación de Balcázar.
¿Ignora él, que es abogado, los alcances legales de esa disposición? Difícilmente. Como tampoco ignora los impedimentos de esa misma naturaleza que hacen imposible la concesión de un indulto o una gracia presidencial al golpista Pedro Castillo. Y, a pesar de ello, persiste en tales empeños, convencido quizás de que se trata solo de inconvenientes remontables desde la posición persuasiva de quien habita, aunque sea transitoriamente, Palacio de Gobierno. En fin, un despropósito que seguramente será desestimado por el Congreso. A falta de 12 días para que termine su fugaz mandato, esperemos que esta sea su última muestra de desatino.
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