El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó de manera “absoluta y categórica” cualquier intento de relacionarlo con actividades ilícitas, luego de que un informe periodístico de El Comercio revelara que vehículos utilizados durante actividades de campaña pertenecen a personas con antecedentes judiciales o investigaciones vinculadas a presuntos delitos.
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A través de un comunicado difundido este viernes, el aspirante al sillón presidencial sostuvo que desconocía la situación de los propietarios de las unidades que facilitaron su traslado durante recorridos proselitistas en distintas regiones del país.
“Rechazo de manera absoluta y categórica cualquier intento de vincularme con actos ilegales, con la criminalidad o con hechos relacionados al narcotráfico”, señaló.
Sánchez explicó que, durante sus actividades políticas, algunas unidades de transporte fueron facilitadas en medio de la logística de campaña y que no tuvo conocimiento sobre los antecedentes o la situación de sus propietarios.
“Durante nuestras actividades políticas en distintas regiones, en medio de la intensidad del recibimiento y del traslado entre un punto y otro, se facilitó una unidad de transporte sin que existiera de mi parte conocimiento alguno sobre antecedentes o situación relacionada con sus propietarios”, indicó.
El líder de Juntos por el Perú aseguró además que no mantiene ni ha mantenido vínculos personales, políticos o económicos con personas dedicadas a actividades ilícitas y reafirmó que su trayectoria pública se ha desarrollado con transparencia y respeto a la ley.
“Agradezco la vigilancia ciudadana y el trabajo de los medios de comunicación, porque eso permite aclarar de inmediato cualquier hecho que genere preocupación pública”, añadió.
Frente a los cuestionamientos, Sánchez afirmó que su agrupación política mantiene una política de transparencia y reiteró su disposición a colaborar con cualquier investigación que las autoridades consideren necesaria.
“Siempre dispuestos a colaborar con cualquier investigación que corresponda, porque el Perú merece una política limpia, honesta y al servicio del pueblo”, expresó.
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El pronunciamiento surge luego de que El Comercio revele que una camioneta Toyota Hilux utilizada por Sánchez y las integrantes de su plancha presidencial durante actividades proselitistas en Huánuco pertenece a Miller Kelvin Claudio Martel, quien fue intervenido en 2010 transportando 14 kilos de pasta básica de cocaína.
La unidad, de placa BSJ-701, encabezó una caravana que trasladó al candidato presidencial y a sus vicepresidentas Analí Márquez y Brígida Curo durante actividades realizadas el pasado 28 de mayo.
Consultado sobre el caso, el propietario del vehículo reconoció el antecedente judicial y señaló que actualmente se desempeña como chofer, indicando que el servicio de transporte fue realizado por encargo de un familiar.
La investigación también identificó otra camioneta utilizada previamente por Sánchez en Piura. Se trata de una Toyota Hilux registrada a nombre de una empresa cuyo propietario, José Práxedes Feria Madrid, fue investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos relacionados con tráfico de tierras, falsificación documentaria y otros procesos judiciales.
Según el reportaje, la utilización de estos vehículos no habría sido consignada en los reportes de campaña presentados por Juntos por el Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a que podrían ser considerados aportes en especie.
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