Muchas personas que hoy están preocupadas por el autoritarismo de Fuerza Popular parece que se hubieran sentido aliviadas si ganaba Juntos por el Perú. Pero eso es no querer ver el elefante en la habitación. Esta es una izquierda profundamente antidemocrática, que es algo que harían bien en reconocer quienes preferían esta opción a la llegada de Keiko Fujimori al poder.
Fíjense, comencemos con el autoritarismo de Sánchez cuando relativiza el golpe del 7 de diciembre del 2022 y ofrece impunidad para Castillo. Quien diga que no fue golpe o es que no quiere escuchar lo que dijo en televisión al ordenar el cierre de distintas instituciones públicas, o se ha creído el cuento de que fue acorralado por una conspiración que lo empujó a dar un golpe de Estado, como si –esta pobre víctima– no hubiera tenido más opción que llegar a eso.
Luego, reivindica la violencia política cuando afirma que Antauro Humala, asesino de policías, forma parte de la base que camina con Juntos por el Perú, y lleva en sus listas al Congreso a figuras vinculadas al etnocacerismo que han llegado a ser electos.
Asimismo, Sánchez muestra su autoritarismo cuando promueve una asamblea constituyente popular para una nueva Constitución, un camino que, como en Bolivia, suele terminar en más poderes al gobierno de turno, al punto que sobre la base de ella el mandatario en ese país pudo rereelegirse. Y también muestra su autoritarismo cuando busca erosionar los contrapesos que se generan con la autonomía del banco central, a fin de malgastar las reservas a discreción o imprimir dinero como García.
A su iliberalismo político se suma un programa económico estatista, cuando declara querer estatizar Telefónica, y un afán por erosionar el Estado de derecho cuando ofrece –en aras de la soberanía nacional– romper contratos vigentes con empresas de gas y minería. Muchas de estas medidas luego fueron enmendadas, pero el fustán antidemocrático ya se le había visto.
Más todavía, ha mostrado proximidad al terrorismo al llevar al Congreso a una persona que carga atestados policiales y testimonios de senderistas de los 80 que lo vinculan con atentados de Sendero Luminoso.
Ha firmado un acuerdo para recibir el apoyo del Fenatep, organización que se forma a partir del Conare-Sutep, que según información de inteligencia tiene vínculos con el Movadef y Sendero. En ese documento, Sánchez se comprometió a impulsar la excarcelación de “luchadores populares”, es decir, impunidad para el terrorismo, y que no se aplique la destitución a profesores condenados por terrorismo, violación sexual y tráfico de drogas.
Yo discrepo con quienes ven en Fuerza Popular a un proyecto autoritario del nivel que se observa en Juntos por el Perú (o peor), lo cual no quiere decir que no me preocupe el autoritarismo de Fuerza Popular. Los he visto ejercer un uso abusivo –aunque no ilegal– de su mayoría congresal entre el 2016-2018, veo con preocupación que el Congreso haya buscado remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, tal como fue cuestionado por expertos/relatores especiales de la ONU, y también me preocupa que la nueva JNJ sancione a un juez por haber acudido a la CIDH a denunciar las llamadas leyes procrimen (una bolsa en la que se han metido distintas leyes, y que yo cuestiono porque contiene iniciativas justas y necesarias, como haber corregido los excesos de la extinción de dominio).
La izquierda democrática que el Perú alguna vez tuvo –la de Barrantes, la que defendió Pease– no necesitaba indultar golpistas, reivindicar asesinos de policías ni pactar con quienes blindan a sentenciados por terrorismo. Mientras esa izquierda no reaparezca, la pregunta no es a quién derrotan en las urnas, sino qué están dispuestos a tolerar con tal de hacerlo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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