Cuando los políticos hacen promesas de campaña, siempre queda algún grado de incertidumbre sobre si estas serán ejecutables en la práctica o si, de plano, son buenas ideas. En la mayoría de los casos, no queda más que esperar a ver los resultados si se aplican.
Cuando los políticos hacen promesas de campaña, siempre queda algún grado de incertidumbre sobre si estas serán ejecutables en la práctica o si, de plano, son buenas ideas. En la mayoría de los casos, no queda más que esperar a ver los resultados si se aplican.
Pero hay algunas excepciones. Con respecto a la insistencia de la izquierda política sobre la necesidad “estratégica” de mantener las empresas públicas y fortalecer el rol del Estado empresario, no hace falta especular demasiado. La inoperancia de las EPS a escala nacional, empresas públicas responsables del agua y alcantarillado en zonas urbanas, y de Essalud, solo por citar algunos ejemplos, es escandalosa.
Sin embargo, las dimensiones del colapso financiero de Petro-Perú son de otro nivel. Entre una figura económica y otra, el Instituto Peruano de Economía estimó que, desde el 2013, el Estado ha destinado más de S/20.000 millones para mantener las operaciones de la petrolera. Pero el hoyo negro de las finanzas de Petro-Perú no conoce límites. Hace unos días, el presidente de la entidad, Roger Arévalo, indicó que han paralizado ya su refinería en Iquitos, y que pronto podrían detenerse las operaciones en las refinerías de Talara y Conchán debido a que la empresa ya no tiene recursos para pagar a sus proveedores. Piden otros US$2.000 millones para no quedarse sin combustible y habló de “crisis energética”, en lo que sonó como una velada amenaza al resto del país. De colapso financiero se pasaría a colapso operativo total.
Los candados que la Constitución de 1993 impone a la creación de nuevas empresas públicas existen por buenas razones. No obstante, quienes se van sumando ahora al proyecto político de Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú y exministro de Pedro Castillo, insisten en expandir estos espacios de dispendio y de corrupción (de hecho, los candados aludidos son uno de los motivos por los que reclaman una nueva Constitución). Ya su plan de gobierno 2026-2031 advierte que “el Estado reservará para la gestión directa los recursos energéticos, productivos y estratégicos, para la viabilidad de la nación peruana: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos”.
Si a pesar de multimillonarios rescates a lo largo de décadas Petro-Perú no ha logrado un mínimo de equilibrio financiero y está, en realidad, cada vez peor, ¿por qué debería el país seguir arriesgando sus limitados recursos en aventuras empresariales con pésima gestión? Las finanzas públicas no alcanzarían para dos Petro-Perú. En la visión de algunos, debería haber decenas.
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