El sector agrícola sigue concentrando algunas de las mayores brechas estructurales del país, incluidas los mayores niveles de pobreza y trabajadores en la informalidad. Las propuestas de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) identifican problemas reales, pero contienen riesgos significativos: metas sin sustento técnico, intervenciones que comprometen el libre comercio y exclusiones deliberadas del agro moderno.
El sector agrícola creció 5,5% en 2025, por encima del PBI total (3,4%), impulsado casi íntegramente por las agroexportaciones. Estas alcanzaron un récord histórico de US$ 12,6 mil millones, 13 veces más que hace dos décadas, lideradas por los arándanos, uvas, paltas y mangos. Así, la producción destinada a los mercados externos creció 15,5%, triplicando su contribución al crecimiento del PBI respecto al 2024 y dando empleo a cerca de 375 mil trabajadores, en promedio, durante el año.
De acuerdo con Adex, el Perú tiene un gran potencial en el mercado de alimentos y bebidas, principalmente por el desempeño de las agroexportaciones.
Por su parte, la producción destinada al mercado interno cayó 0,9% en 2025, interrumpiendo la recuperación del sector en 2024. Este retroceso se explica por las vulnerabilidades climáticas que redujeron los rendimientos de cultivos como la papa, maíz y quinua en la sierra, así como por inundaciones en el norte. No es un episodio aislado: en 2023, el Fenómeno de El Niño (FEN) contrajo la producción del mercado interno 4,9% y el PBI agrícola cayó 3,3%. Para 2026, el Estudio Nacional del FEN advierte sobre condiciones que podrían activarse en la segunda mitad del año y el BCRP proyecta una moderación en el crecimiento del agro a 2,5%.
Un aspecto clave en el desarrollo del sector es la infraestructura de riego, pero viene rezagada. Entre 1994 y 2024, según INEI, la frontera agrícola en el Perú se duplicó, de 5,5 millones a más de 11 millones de hectáreas. Sin embargo, en ese mismo periodo, la superficie bajo riego apenas aumentó de 32% a 34%. Además, persisten importantes brechas entre regiones: mientras en la costa el 84% de hectáreas de producción agrícola cuenta con riego, en la sierra y la selva solo llega a 16%. En este escenario, impulsar grandes proyectos de riego permitiría sumar hasta 985 mil hectáreas bajo riego, cuatro veces la superficie hoy destinada a la agroexportación.
Según el Midagri, 9 de cada 10 unidades agropecuarias es agricultura familiar. Ello explica que el 95% de los trabajadores en el agro sean informales al 2024, frente al 72% del promedio nacional. Asimismo, el 39% de los hogares cuyo jefe trabaja en el sector vive en condición de pobreza, la tasa más alta entre todos los sectores. Esto es especialmente preocupante considerando que el agro emplea al 36% de los trabajadores peruanos.
Frente al problema de acceso a riego, FP propone impulsar y destrabar importantes proyectos como Chavimochic III y Majes II, con la meta de elevar la superficie bajo riego a 60%. Sin embargo, sin una estrategia clara que revierta el estancamiento de las últimas tres décadas, ese objetivo carece de sustento técnico. JPP propone habilitar 500 mil hectáreas bajo riego y destinarlas a cooperativas y empresas comunales, excluyendo de su plan al agro moderno. Además, propone un canon hídrico donde los que ganen más paguen más por el uso del agua. Ello distorsiona el concepto de canon, y busca establecer una tarifa del agua que no reflejaría su costo de obtención. RP, por su parte, no propone ninguna estrategia clara para el desarrollo de infraestructura de riego.
En este frente, FP y RP coinciden en la necesidad de continuar impulsando el sector y de preservar el marco normativo de los TLC vigentes. Sin embargo, FP plantea el uso de medidas antidumping y licencias para proteger la producción nacional. Sin sustento técnico, estas intervenciones comprometerán el acceso a los mercados externos si los países afectados deciden aplicar represalias. Además, RP promete garantizar un tipo de cambio que favorezca la exportación, una medida incompatible con la autonomía del BCRP y el régimen de libre flotación de la moneda. También plantea crear zonas francas en el sur andino y la selva, pese a que estos esquemas existen o han existido en el Perú y han probado ser históricamente costosos e inefectivos.
Por su parte, JPP no reconoce la importancia del sector agroexportador en el desarrollo, la tecnificación de los cultivos, su aporte al empleo y los mayores ingresos de los trabajadores. En su lugar, critica la concentración de la agroexportación, su uso del agua y de las tierras. En esa línea, ellos plantean eliminar los beneficios tributarios renovados en 2025, renegociar los TLC y establecer una producción de cultivos planificada.
“Impulsar grandes proyectos de riego permitiría sumar hasta 985 mil hectáreas bajo riego, cuatro veces la superficie hoy destinada a la agroexportación”.
Para potenciar la productividad agraria, FP propone ampliar el capital de Agrobanco y extender líneas de crédito a la pequeña agricultura. Sin embargo, sin un acompañamiento adecuado, esto puede traducirse en deudas incobrables. De hecho, casi la mitad de la cartera de Agrobanco presenta una morosidad de al menos tres meses, seis veces superior a la registrada en cajas rurales y municipales por créditos a microempresas. Por su parte, JPP plantea un programa de cambio tecnológico de riego, sin profundizar en los detalles. Finalmente, RP propone un sistema de I+D en cada valle y cuenca con alianzas internacionales y un giro hacia lo orgánico, con un rechazo explícito y sin mayor sustento a los transgénicos. Sin embargo, no incorpora un plan de cómo financiarlo ni en qué plazo estaría listo.
El Cenepred estima que casi 6 millones de hectáreas agrícolas enfrentan riesgo alto o muy alto frente a movimientos de masa y 2 millones frente a inundaciones. Pese a ello, solo FP incorpora una herramienta específica de gestión del riesgo: la ampliación de seguros climáticos frente a sequías, heladas e inundaciones. La medida es técnicamente adecuada, pero insuficiente sin inversión paralela en infraestructura de prevención y alerta. Por su parte, JPP propone la reforestación de cuencas andinas y el desarrollo nacional de sensores para prevenir desastres. Sin embargo, no profundiza sobre las propuestas. Por último, RP no incluye una estrategia explícita de adaptación climática ni de aseguramiento agrario, omisión grave frente a la recurrencia de El Niño.
Para mejorar los ingresos en zonas rurales, FP y RP proponen programas de empleo para la construcción de infraestructura rural y reforestación. Sin embargo, este tipo de medidas tienden a ser costosas y de impacto temporal. Ambos partidos también indican que promoverán la integración de los pequeños agricultores a la cadena de valor agroexportadora, aunque ninguno especifica cómo lograrlo.
Por su parte, JPP plantea incrementar los ingresos en el sector mediante incentivos a la asociatividad y al cooperativismo. Su meta es que al 2031 el 50% de productores se encuentre asociado. Ello no parece una meta real considerando que solo el 7% de los agricultores forma parte de una asociación o cooperativa. Además, según el INEI, el 30% de los productores que pertenecen a alguno de estos grupos indica que no recibió beneficio alguno en los últimos 12 meses.
Opinión
El modelo que funciona
Por: Carlos Gallardo Torres, Gerente general del IPE
Resolver los problemas estructurales del agro en el Perú requiere reconocer que en las últimas dos décadas los trabajadores agrarios formales, vinculados al sector agroexportador, vieron que sus ingresos crecieron más de dos veces más rápido que los trabajadores agrarios informales. Así, el modelo que tiene éxito es aquel que integra los mercados, mejora la infraestructura logística, amplía la frontera agrícola de manera sostenible, tecnifica con riego, asegura el agua, impulsa el crédito, innova con semillas, agrupa productores, cumple estándares sanitarios y previene adecuadamente los desastres naturales. En ese camino, el Estado es clave pues debe habilitar y acompañar.
Corresponde entonces exigir más de las propuestas en materia agraria de los candidatos que estarán en la segunda vuelta, buena parte de estas no cuentan con sustento o comprenden intervenciones que afectarán el libre comercio o la inversión. Por el contrario, urge una estrategia integral que aborde los desafíos que enfrenta aun la agroexportación y que integre a los pequeños jugadores del sector a las cadenas más productivas. Más de una tercera parte de los trabajadores del país depende de un Estado comprometido con el desarrollo del agro.
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