El Poder Judicial confirmó el rechazo al pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.
El Poder Judicial confirmó el rechazo al pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso presentado por el Ministerio Público y ratificó la resolución emitida el pasado 23 de abril por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado.
Con esta decisión, el colegiado mantuvo el rechazo al requerimiento fiscal de detención preliminar por siete días y al levantamiento del secreto de las comunicaciones, bajo la modalidad de geolocalización, contra Corvetto y otros tres investigados: José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez y Juan Charles Alvarado Pfuyo.
La investigación preliminar está relacionada con presuntos actos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado.
Según la tesis fiscal, los funcionarios investigados habrían favorecido indebidamente a la empresa Servicios Generales GALAGA S.A.C. durante la contratación del “Servicio de Transporte de Carga a Nivel Nacional” para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos destinados al simulacro y sufragio de las Elecciones Generales 2026.
El Ministerio Público sostiene que el proceso de contratación se habría desarrollado bajo lineamientos aprobados por Corvetto mediante resolución jefatural, pero con presuntas irregularidades que vulneraron principios de legalidad, transparencia y libre competencia.
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Asimismo, la fiscalía señala que se incorporaron condiciones técnicas y factores de evaluación que habrían generado ventajas indebidas a favor de la empresa proveedora, configurando indicios de direccionamiento en la contratación pública.
Pese a ello, la Sala concluyó que no correspondía dictar la medida coercitiva solicitada por la fiscalía y confirmó la decisión de primera instancia que declaró infundado el requerimiento.
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