La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el caso Puente Tarata y otros por 12 meses más.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el caso Puente Tarata y otros por 12 meses más.
Fue al declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Castillo Terrones contra la resolución emitida el 27 de febrero por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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En su resolución, la sala indicó que existirían indicios de una pretensión de asilo político, lo cual, de probarse, constituiría un hecho propio y no de tercero, además de que su arraigo laboral resulta “incierto”.
Refiere que su arraigo domiciliario se debilita debido a que, al no contar con los otros arraigos y más bien evidenciar una posible sustracción de la justicia dadas las facilidades de apoyo extranjero, resulta “endeble”.
Resolución de la Corte Suprema sobre ampliación de la prisión preventiva contra Pedro Castillo.
El exmandatario es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionaros Públicos por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión.
Por este caso, Castillo Terrenos viene cumpliendo 36 meses de prisión preventiva, que vencieron el pasado 8 de marzo. Sin embargo, tras la orden judicial de ampliación, la medida se extenderá hasta el 9 de marzo del 2027.
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El exmandatario purga ya una condena a 11 años, 5 meses y 15 días, por el delito de “conspiración para la rebelión” debido al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Esta sentencia, ha sido apelada por su defensa.
Castillo es procesado junto a sus exministros Juan Silva (prófugo de la justicia desde el 2022) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por presuntamente integrar una red criminal dedicada a realizar actos de corrupción en diversos estamentos del Estado durante su gobierno.
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Se trata de presuntos actos de corrupción vinculados a PetroPerú y la compra de Biodiesel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la presunta licitación irregular del Puente Tarata por parte de Provías Descentralizado, y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto de Urgencia N°102-2021 para beneficiar con presupuesto a diversos distritos provinciales vinculados a personas de su círculo de confianza.
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