La integración aérea requiere reglas que acompañen la demanda real. En el eje Perú–Chile, ese ajuste llegó recién ahora, después de años en los que el tráfico creció más rápido que el marco que lo regulaba.
La integración aérea requiere reglas que acompañen la demanda real. En el eje Perú–Chile, ese ajuste llegó recién ahora, después de años en los que el tráfico creció más rápido que el marco que lo regulaba.
En enero, las autoridades aeronáuticas de ambos países suscribieron un memorando de entendimiento que amplía el techo operativo en la ruta Lima–Santiago. Más que un anuncio puntual, el acuerdo refleja un cambio de enfoque largamente postergado en la relación aérea entre ambos países. En la práctica, eleva de 84 a 168 las frecuencias semanales por país, duplicando el margen disponible en uno de los corredores más dinámicos de Sudamérica y actualizando un esquema bilateral que no se modificaba desde 2011, cuando el volumen de pasajeros y la estructura del mercado eran distintos y la conectividad regional tenía otra escala.
La magnitud de la demanda explica la necesidad de ese cambio. Según el reporte de tráfico de enero de 2025 de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la ruta Lima–Santiago se ubicó entre las más transitadas de la región, con cerca de 156 mil pasajeros en un solo mes. Cuando un mercado de ese tamaño opera de manera sostenida cerca de su límite regulatorio, se reduce la flexibilidad para ajustar horarios, disminuye la capacidad de reacción ante picos de demanda y aumenta la presión sobre los precios.
Ampliar frecuencias no garantiza por sí solo tarifas más bajas, pero permite que la competencia funcione con mayor normalidad. Con un marco menos rígido, las aerolíneas pueden ajustar itinerarios y responder mejor a la demanda, incorporando más opciones horarias y una oferta más acorde a los distintos perfiles de viaje. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha señalado que la flexibilización regulatoria tiende a ampliar el acceso al transporte aéreo en el mediano plazo, especialmente en mercados competitivos.
El entendimiento bilateral incorpora además la apertura progresiva de rutas interregionales, condicionada a que el tráfico fuera de las capitales se duplique respecto a los niveles de 2025. La experiencia chilena muestra que ese camino es viable y que una parte mayoritaria de su tráfico doméstico ya se mueve sin pasar por Santiago, con beneficios claros para las regiones.
Este giro regulatorio coincide con un momento clave para la infraestructura peruana. Lima Airport Partners informó que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerró el 2025 con 25,5 millones de pasajeros y ya ha empezado a operar una nueva terminal para atender hasta 35 millones al año. Esa nueva escala refuerza la necesidad de contar con reglas y acuerdos alineados con su rol como punto de conexión regional y con una proyección de crecimiento sostenido.
El siguiente paso será la negociación de un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos. Si el marco se moderniza de manera consistente, el eje Lima–Santiago puede convertirse en una referencia para la integración aérea del Pacífico sudamericano. El impacto debería ser concreto y visible en más personas viajando, mayor oferta de vuelos y mejores opciones para los usuarios, en un mercado más abierto y eficiente.
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