El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles el juicio colectivo al que son sometidos jefes pandilleros en su país con los históricos procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó este miércoles el juicio colectivo al que son sometidos jefes pandilleros en su país con los históricos procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.
Un total de 486 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) -considerada terrorista por Estados Unidos– son juzgados desde el lunes acusados de cometer más de 29.000 asesinatos, entre ellos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar una “guerra” contra las pandillas.
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Bukele señaló en la red social X que lo “novedoso” de este juicio masivo “es hacer responsables a los jefes (pandilleros) por los crímenes cometidos por sus organizaciones”.
“No inventamos ese principio. Se llama ‘responsabilidad de mando’ y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg”, aseguró el mandatario derechista al responder una crítica del exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, quien consideró “injusto” el juicio colectivo que incluye a 22 líderes de la MS-13.
Testigos protegidos acusaron el martes a los 22 “ranfleros” o jefes históricos de la pandilla que actuó como un “corporativo criminal”, según el fiscal Max Muñoz.
En los Juicios de Núremberg, entre 1945 y 1946, juristas de los países Aliados que ganaron la Segunda Guerra sometieron a juicio individualizado a 21 de los más altos dirigentes del régimen nazi alemán, lo que sentó las bases de un sistema de justicia penal internacional. Doce acusados fueron condenados a muerte y colgados.
En el juicio masivo de El Salvador, el primero contra una estructura de mando de las pandillas, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, de acuerdo con la Fiscalía.
En el marco de su ofensiva antipandillas, Bukele impuso en marzo de 2022 un régimen de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos sin orden judicial, por lo que es criticado por organismos de derechos humanos que denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión.
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