Entre el 2024 y 2026, se han incautado S/7.195 millones en materiales intervenidos a las actividades de minería ilegal en el país, indicó Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal, comisión perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Añadió que en dos años se elevó en más del 100% la cantidad de interdicciones realizadas por esta problemática.
Como sostuvo en su presentación en el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores 2026 (proExplo 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), la lucha contra la minería ilegal no solo requiere labores de interdicción, sino también una mirada integral a la problemática.
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Es así que, recordó, se aprobó una estrategia nacional para atender este problema empezando con un diagnóstico a nivel político, económico, social, entre otros.
En ese sentido, García señaló que la minería ilegal ha movido casi US$7.000 millones en el 2024 y en el 2025 poco más de US$12.000 millones, siendo una cifra 10 veces mayor que el tráfico ilícito de drogas.
“Este problema de la minería ilegal no solo es un problema ambiental y social, sino es una amenaza económica para el país. Solo el 2025 se movilizaron más de 11.500 millones en nuestro país. Esto es cercano al 2,7% del PBI”, agregó Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo encargado del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en la mesa redonda ‘Desafíos de la minería ilegal’.
Según el Alto Comisionado para el Combate de la minería ilegal, la incautación de materiales relacionados en los últimos dos años llegó a S/7.195 millones.
A su vez, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló en su ponencia que se identificaron 23 proyectos mineros retrasados por causas ajenas a las decisiones de las empresas, entre ellas la minería ilegal. Esto significa al menos US$12.000 millones, según el IPE.
De haberse ejecutado estos proyectos en los plazos correspondientes, el PBI hubiera crecido un 12% más de lo registrado hacia el 2022, señaló. Además, ante estos retrasos, 1,7 millones de personas no habrían salido de la pobreza hacia el mismo año.
Para la lucha contra la minería ilegal, García consideró que se requiere que el Estado pase de ser reactivo a ser propositivo, con mayor inversión en desarrollo, economías alternativas, control y fiscalización hacia el 2030.
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En se sentido, indicó que, bajo la estrategia nacional para reducir la minería ilegal se deben realizar labores de interdicción, consolidación y presencia, y sostenimiento de la presencia del Estado en las zonas donde hay presencia de esta actividad ilegal. Ello requiere puestos de control multisectoriales, policiales o dedicados en dichas jurisdicciones.
Por su parte, Gallardo sostuvo que se deben hacer trabajos de formalización, trazabilidad, interdicción e inteligencia, desarrollo alternativo, coordinación entre instituciones, la cooperación transfronteriza y la presencia del Estado.
Asismismo, Iván Arenas, director de cuentas de Minería en Arenas Comunicaciones y Sostenibilidad Consultores, consideró en su presentación que se debe de atacar los corredores económicos con presencia de la minería ilegal.
Agregó que esta problemática continuaría a futuro debido a un posible alza del precio del oro. “En la medida que las condiciones geopolíticas sean de mayores incertidumbres, vamos a tener un alza del oro de US$8.000 aproximadamente en el 2030-2031″, comentó.
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