Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado el domingo por El Comercio ha puesto sobre el tapete la dramática situación que se producirá esta semana con el retorno de los escolares a las aulas. Ocurre que un 48% de los locales educativos públicos a lo largo y ancho del territorio nacional están en tan mal estado, que requieren ser demolidos para evitar los riesgos de un colapso: una situación que afecta a cerca de un millón doscientos mil estudiantes. Esto es, uno de cada cinco matriculados en la instrucción estatal. Por otra parte, cuando tales locales se tornan inhabitables, se colocan en el lugar módulos prefabricados supuestamente temporales, pero lo cierto es que devienen permanentes. Para seguir con las cifras comparativas, en Lima esto sucede cuatro veces más que en el resto del país, y más de la mitad de esos módulos fueron instalados antes de la pandemia (por añadidura, solo el 15% de ellos se reporta actualmente en buen estado).
Lo increíble es que el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) aprobado en el 2017 tenía como meta principal reducir en cerca de 60% la brecha de infraestructura educativa al 2025. Pasados los años, sin embargo, la brecha se ha ampliado. A fines del año pasado, esta ascendía a S/172.000 millones, 25% más que el estimado inicial en términos reales. Con base en datos del Ministerio de Educación (Minedu), se calcula que cerrar la brecha de infraestructura total demandaría ahora cerca de S/27.000 por alumno.
En materia de brechas, además, existe una muy importante en lo que concierne al acceso a servicios básicos; particularmente en el ámbito rural. En el 2025, solo el 22% de las escuelas ubicadas en esas zonas dispuso de acceso a los tres servicios básicos, un cuadro incluso peor que el de hace diez años. En el 2015, efectivamente, el 26% de esos locales educativos contaba con esos servicios.
Es singularmente irónico que este cuadro corresponda a lo ocurrido durante el gobierno de Perú Libre, partido que llegó al poder apoyado sobre una base docente y llevando a un maestro como candidato presidencial: una experiencia que ya sabemos cómo terminó. En asociación con ello, está la circunstancia de que ha habido una alta rotación de responsables del Minedu durante estos últimos cuatro años, lo que conspira contra cualquier política educativa de, siquiera, mediano plazo. Pedirle a la administración encabezada por el congresista Balcázar que reaccione ante esta ruinosa situación es iluso. Pero demandar de los postulantes a la presidencia un compromiso de sacarnos de ella es no solo factible, sino indispensable.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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