La pobreza es uno de los problemas más urgentes que enfrenta el Estado Peruano. El Perú aún no recupera los niveles previos a la pandemia del COVID-19. La pobreza afecta al 27,6% de la población, equivalente a 9,4 millones de ciudadanos, muy por encima del 20,2% registrado en el 2019 (INEI, 2025).
En el Perú de hoy, coexisten dos retos que requieren respuestas simultáneas, pero diferenciadas: 1) el recrudecimiento de la pobreza rural, donde la incidencia de pobreza alcanza el 39,3% y persisten bolsones de pobreza extrema en zonas altoandinas, amazónicas y en contextos indígenas; 2) el crecimiento de la pobreza urbana: el 70% de los pobres monetarios del Perú residen en ciudades. Lima Metropolitana ha visto prácticamente duplicarse su tasa de pobreza en cinco años.
La gestión pública no ha reaccionado a esta nueva realidad y en estos años hemos incurrido en inercia programática: seguimos implementando soluciones que ya no responden con efectividad a los problemas que enfrentamos. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (diciembre, 2022) planteó reducir la pobreza monetaria al 15% en el 2030 (Midis, 2022), una meta muy distante a la luz de los resultados alcanzados. El nuevo gobierno heredará una situación compleja que requiere sentido de urgencia, pero que no admite atajos ni salidas facilistas. ¿Cómo avanzamos? Al menos tres líneas de acción son prioritarias y factibles en los próximos cinco años.
Primero, promover la autonomía económica de los hogares vulnerables. Nadie sale de la pobreza solo con programas sociales. Para retomar la senda de reducción de la pobreza se requiere impulsar el crecimiento económico y mejorar el clima de inversiones, claves para la generación de empleo y ampliar el espacio fiscal para la inversión social. Una salida sostenible de la pobreza pasa por acceder a empleo de calidad, mejorar la vinculación con los mercados y dinamizar economías locales. Eso implica fortalecer la agricultura familiar, impulsar la empleabilidad y el emprendimiento, y mejorar el acceso al crédito y a la educación financiera. Más allá de ‘bonificar’ las respuestas de política social (entrega de bonos temporales sin objetivos claros), urge conectar las intervenciones de alivio a la pobreza con el acceso a oportunidades económicas (capacitación para el trabajo, intermediación laboral, servicios de cuidado, etc.).
Segundo, construir sobre lo avanzado. Reconocer las limitaciones de los instrumentos de lucha contra la pobreza no debe suponer minimizar lo avanzado o caer en borrón y cuenta nueva, sino más bien impulsar una agenda orientada a mejorar la efectividad y el impacto de la inversión social. Esto implica fortalecer los programas sociales que funcionan y cuentan con rutas de mejora claras, como por ejemplo las transferencias monetarias (Juntos y Pensión 65). Asimismo, urge sincerar el rol de programas como Beca 18 y el programa de alimentación escolar (ex Qali Warma), a la luz de sus problemas de implementación y sostenibilidad fiscal.
Tercero, reconstruir la capacidad estatal para la gestión social. El mayor obstáculo para implementar una estrategia efectiva de lucha contra la pobreza no es la falta de recursos, sino el deterioro de la capacidad de gestión en un contexto marcado por la alta rotación e inestabilidad política. Una ruta de mejora factible es promover la colaboración con iniciativas del sector privado orientadas al desarrollo socioeconómico y sostenibilidad.
A pesar de su centralidad, la lucha contra la pobreza enfrenta una notoria orfandad política y ha estado ausente en el debate electoral. Es urgente generar coaliciones público-privadas para sostener su prioridad política, así como monitorear la efectividad de los recursos públicos invertidos en nombre de la pobreza.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta