Un proceso electoral realmente democrático debe contener opciones diversas entre las plataformas de los candidatos. Más bien, cuando todas las alternativas políticas que se le ofrecen al ciudadano en la cédula de votación son demasiado similares, se debería empezar a sospechar del proceso mismo.
Un proceso electoral realmente democrático debe contener opciones diversas entre las plataformas de los candidatos. Más bien, cuando todas las alternativas políticas que se le ofrecen al ciudadano en la cédula de votación son demasiado similares, se debería empezar a sospechar del proceso mismo.
Hay, no obstante, algunos puntos centrales en los que el país –y los partidos políticos que aspiran a representarlo– debería estar mayormente de acuerdo. En el campo cívico, la defensa de las elecciones libres, de la libertad de expresión y de los derechos humanos, por ejemplo, no pueden ser negociables. Desde el punto de vista económico, el respeto por la propiedad y la promoción del emprendimiento privado son también indispensables.
No es esto último, sin embargo, lo que se encuentra en todos los planes de gobierno de las organizaciones políticas que competirán el 12 de abril. De acuerdo con una revisión del Instituto Peruano de Economía publicada ayer en estas páginas, solo la mitad de los planes (18 de 35) expresa una postura claramente favorable a la inversión privada. Estos incluyen propuestas para, por ejemplo, reducir la carga burocrática que enfrentan los negocios de todo tipo. La otra mitad de los planes, sin embargo, oscila entre medidas que desincentivan la inversión privada hasta otras que apuestan por desaparecerla de ciertos sectores. Tres partidos (Juntos por el Perú, Perú Libre y Venceremos, que postulan a Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Ronald Atencio, respectivamente) se expresan a favor de nacionalizar empresas e impulsar, más bien, el rol empresarial del Estado.
La democracia consiste, por supuesto, en el debate honesto de ideas. Aun así, no debería dejar de llamar la atención que algunas organizaciones políticas apuesten por medidas abiertamente inconstitucionales, contrarias a las libertades económicas de la población, y que además han demostrado su evidente fracaso ahí donde se han ensayado.
La economía del Perú tiene todavía una grave deuda pendiente desde la pandemia: la tasa de pobreza se mantiene varios puntos más elevada que en el 2019. La única forma sostenible de reducir estas brechas es con empleo privado de mejor calidad, y la única manera de crearlo es con más inversión privada. En décadas pasadas, los años de alto crecimiento de la inversión privada vinieron siempre con caídas considerables de la pobreza. En democracia, los partidos políticos son libres de promover ideas descabelladas, pero la población debería estar alerta cuando escucha un embuste.
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