Cuando un joven decide dónde estudiar, rara vez considera si la universidad está acreditada. Evalúa la infraestructura, las pensiones, las recomendaciones de su entorno. Y eso revela algo incómodo. Nadie nos ha enseñado a reconocer la calidad universitaria más allá de lo visible.
Llevamos años en un entorno donde el prestigio universitario se percibe, pero pocas veces se demuestra con evidencia. El licenciamiento garantiza condiciones mínimas, pero ir más allá, someterse a evaluaciones externas, alcanzar estándares superiores, sigue siendo una decisión que cada institución debe asumir. Mientras eso no ocurra de manera extendida, los estudiantes y sus familias seguirán tomando decisiones importantes sin contar con información objetiva que les permita comparar.
Ahí es donde las acreditaciones deberían cumplir un rol mucho más visible del que hoy tienen. No son un trámite administrativo, sino el resultado de un proceso riguroso en el que una institución acepta ser evaluada por terceros bajo estándares definidos, como la calidad de su enseñanza, la solidez de su investigación, la coherencia de su modelo educativo y su impacto en la sociedad. Aprobar ese proceso significa que la universidad no solo cumple con lo mínimo exigido por ley, sino que asume voluntariamente estándares más altos y los respalda con evidencia.
En el Perú, la SUNEDU fija un estándar base mediante el licenciamiento, garantizando condiciones esenciales para el funcionamiento de las universidades. Pero la calidad no debería agotarse en lo básico. Ese es, justamente, el espacio que cubren los modelos de acreditación nacionales e internacionales. En este contexto, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), es la entidad encargada de evaluar con mayor profundidad el modelo educativo, la gestión institucional y el impacto real de las instituciones.
Sin embargo, sigue siendo un terreno poco explorado. Son pocas las instituciones que han dado ese paso adicional y menos aun las que lo han convertido en un estándar sostenido. Esto no solo limita la transparencia del sistema, sino también las oportunidades de los estudiantes: desde la validación internacional de sus títulos y el acceso a intercambios y estudios en el extranjero, hasta la integración en redes académicas más amplias.
Con ese marco claro, la pregunta no es si las acreditaciones son necesarias, sino por qué siguen siendo tan pocas las instituciones que las obtienen. La respuesta exige que cada actor asuma su responsabilidad, por un lado, el Estado debe avanzar hacia un marco normativo que incentive, y eventualmente, exija acreditaciones más allá del licenciamiento básico; las universidades deben entenderlas no como una carga burocrática, sino como un compromiso real con sus estudiantes; y los jóvenes y sus familias tienen el derecho de incorporarlas como un criterio natural al momento de elegir dónde estudiar.
Algunas instituciones peruanas ya han demostrado que alcanzar estos estándares es posible. En la Universidad Científica del Sur, por ejemplo, obtuvimos la primera acreditación institucional con la Agencia Internacional CIEES del país y una de las primeras acreditaciones institucionales con el SINEACE. Pero el punto no es el reconocimiento en sí, sino lo que evidencia; que el sistema universitario peruano puede aspirar a más, y que estas exigencias deberían convertirse en la norma, no seguir siendo la excepción.
La calidad universitaria no debería ser una promesa. Debería ser demostrable, verificable y exigible por cada estudiante que deposita en una universidad sus años de formación y su proyecto de vida. Convertirla en una prioridad no es solo tarea de las universidades, sino una decisión que el próximo gobierno no debería seguir postergando.
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