Al menos 188 muertos, más de 1.520 heridos, 157 desaparecidos y cerca de 3.000 familias sin vivienda. Esas son las cifras –provisionales– del doble terremoto que sacudió a Venezuela anteayer. Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, separados apenas 39 segundos entre sí, con epicentro en el estado Yaracuy, constituyeron los movimientos telúricos de mayor magnitud e impacto en ese país en más de un siglo. Decenas de edificios colapsaron en Caracas y La Guaira, que fue declarada zona de desastre. El mundo observa con horror. Pero nosotros debemos observarlo como una advertencia.
Lo que ocurre en Venezuela no es un drama ajeno. El Perú está situado sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta, donde la placa de Nasca y la Sudamericana friccionan de manera incesante. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha identificado que el mayor acoplamiento sísmico del litoral peruano se concentra justo frente a Lima y el Callao, con alcance hacia Áncash por el norte e Ica por el sur. La última vez que esa energía acumulada se liberó de golpe fue en 1746: el terremoto alcanzó 8,8 grados y murieron alrededor de 6.000 personas en Lima y prácticamente toda la población del Callao. Desde entonces han pasado casi 280 años de silencio sísmico en la capital. Ningún sistema geológico guarda silencio para siempre.
Si un sismo equivalente al de Venezuela golpeara a Lima hoy, las consecuencias podrían ser incluso peores. Venezuela, con toda su crisis institucional, tiene una capital con edificios de concreto armado. Lima, en cambio, ha crecido de manera desarticulada, caótica e informal. Cientos de miles de viviendas están construidas con material precario, sobre rellenos inestables, en laderas sin consolidar o en zonas inundables que ningún urbanista serio aprobaría. El problema no es el sismo en sí: en la mayoría de los casos, las víctimas se deben al colapso de edificaciones vulnerables más que al movimiento del suelo en sí. Y a ello se suma la ausencia de cultura de prevención en una ciudad que no se ha preparado para lo inevitable.
La tragedia venezolana debe servir de detonador para que el Estado y la ciudadanía actúen con urgencia. Eso implica, en primer lugar, que el Gobierno Central y los gobiernos locales aceleren los planes de reforzamiento de edificaciones críticas –hospitales, colegios, puentes– y actualicen los mapas de riesgo sísmico con la seriedad que el asunto merece. Pero también implica decisiones individuales concretas: tener una mochila de emergencia lista, conocer las zonas seguras del hogar, saber cómo comunicarse si colapsan las redes, practicar los simulacros con la misma seriedad con que se practica un incendio en una empresa.
Venezuela no tuvo cómo saber que se venían los movimientos telúricos. Nosotros sí podemos elegir estar listos cuando nos toque. La pregunta es qué estamos haciendo como país para que los efectos de un terremoto sean menos perniciosos. Estamos advertidos.
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