Cuando pensamos en violencia familiar, casi siempre imaginamos golpes, insultos o amenazas. Sin embargo, existe una forma de violencia mucho más silenciosa que, por esa misma razón, suele pasar desapercibida: la violencia económica.
No deja moretones ni heridas visibles, pero limita la libertad, afecta la autoestima y coloca a muchas personas en una situación de dependencia de la que resulta muy difícil salir. En muchos hogares, el dinero deja de ser un medio para satisfacer las necesidades de la familia y se convierte en un instrumento de control.
Esta realidad es más común de lo que parece. Basta con escuchar algunas historias para entenderlo. Hay personas a las que su pareja les prohíbe trabajar porque considera que “no es necesario”. Otras deben pedir dinero incluso para comprar alimentos o medicinas y, además, justificar cada gasto que realizan. También están quienes entregan todo su sueldo al otro miembro de la pareja y no pueden disponer libremente del fruto de su propio trabajo.
Algunos podrían pensar que estas situaciones forman parte de la organización de cada familia. No es así. Cuando una persona utiliza el dinero para controlar, humillar o someter a otra, estamos frente a una forma de violencia que la ley peruana reconoce y sanciona.
La dependencia económica puede convertirse en una verdadera prisión. Muchas personas permanecen en relaciones donde ya no existe respeto porque sienten que no tienen cómo mantenerse ellas mismas o a sus hijos. El miedo a quedarse sin recursos termina siendo más fuerte que el deseo de poner fin a una convivencia que les hace daño.
Este problema no solo afecta a las parejas. Los hijos también sufren sus consecuencias. Cuando uno de los padres deja de cumplir con la pensión de alimentos teniendo la posibilidad de hacerlo, quienes realmente resultan perjudicados son los niños y adolescentes. Ellos necesitan alimentación, educación, atención médica y un entorno que les permita desarrollarse plenamente. Utilizar la pensión de alimentos como una forma de castigar al otro progenitor nunca debería ser una opción.
La violencia económica también aparece después de una separación. No son pocos los casos en los que uno de los excónyuges retiene bienes comunes, oculta ingresos o dificulta el cumplimiento de acuerdos con el único propósito de perjudicar a la otra parte. En estos casos, el conflicto deja de ser únicamente patrimonial y pasa a convertirse en un problema que afecta la dignidad de las personas.
Durante muchos años se normalizaron conductas que hoy deben ser cuestionadas. Frases como “yo gano el dinero, por eso decido todo” o “si quieres trabajar, no cuentes conmigo” reflejan una idea equivocada de las relaciones de pareja. Aportar más ingresos al hogar no convierte a nadie en dueño de la voluntad del otro. El respeto y la igualdad no dependen de quién tenga el salario más alto.
Por supuesto, cada familia organiza sus finanzas de la manera que considera más conveniente. Hay hogares donde uno administra el dinero porque ambos así lo decidieron. Esa situación es completamente válida cuando existe acuerdo, confianza y libertad. El problema aparece cuando esa administración se convierte en un mecanismo para controlar, limitar o someter al otro.
Combatir la violencia económica exige algo más que leyes. Requiere cambiar nuestra manera de entender las relaciones familiares. Una pareja sana no se construye sobre la dependencia, sino sobre la confianza, el respeto y la posibilidad de que ambos puedan tomar decisiones en igualdad de condiciones.
El dinero nunca debería utilizarse para controlar a quien decimos amar. Cuando eso ocurre, deja de ser un simple recurso económico y se convierte en una herramienta de violencia. Reconocerlo es el primer paso para prevenirlo y para construir familias donde el respeto sea mucho más valioso que cualquier patrimonio.
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