Que nueve de cada diez empresas identifiquen (según Apoyo Consultoría) la “incertidumbre tributaria” como su principal riesgo operativo es un claro síntoma de deterioro institucional. Cuando el Estado deja de ser un árbitro predecible y se convierte en un actor impredecible, la economía y los agentes económicos empiezan a operar a la defensiva y con temor. El problema, ciertamente, no es la fiscalización. Ningún país moderno funciona sin una autoridad tributaria fuerte. El problema es la arbitrariedad y la subjetividad. Cuando las reglas cambian en la práctica más que en la ley, cuando los criterios se reinterpretan sin coherencia y con discrecionalidad, cuando el contribuyente formal siente que puede ser sancionado incluso cumpliendo cabalmente la norma, el mensaje es devastador: invertir es arriesgarse no solo al mercado, sino a las garras del propio Estado.
Según el análisis citado, la variabilidad tributaria ha pasado de ser un costo de cumplimiento a un factor de incertidumbre que compromete, muchas veces, hasta la viabilidad financiera de la empresa. Esto revela algo más profundo: la debilidad del Estado de derecho económico. No se trata solo de normas complejas, sino de la pérdida de consistencia y brújula en su aplicación. La rotación de altos directivos en la administración tributaria y los criterios cambiantes, y muchas veces irracionales en instancias administrativas, alimentan la percepción de que no existe una línea institucional clara.
El resultado es previsible. Las empresas formales destinan más recursos a blindarse que a expandirse. La planificación a largo plazo se sustituye por estrategias de verdadera contingencia. Se frena la inversión, se encarece el financiamiento y se desincentiva la formalidad. Paradójicamente, el afán recaudador del Estado termina petardeando la base sobre la que pretende sostenerse. Un Estado que genera miedo regulatorio no fortalece la recaudación; la precariza. La economía no crece donde reina la sospecha permanente. La autoridad tributaria debe combatir la evasión con firmeza, pero también con predictibilidad, transparencia y coherencia técnica. Sin ello, la fiscalización se percibe como un castigo y como un abuso, no como justicia.
Si el 90% de las empresas siente incertidumbre ante el fisco nacional, el problema no está en la sensibilidad empresarial, sino en la arquitectura institucional. El Estado debería ser, por tanto, el principal garante y responsable de esta estabilidad. Emulando el pensamiento del pensador político francés Montesquieu: no hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. ¿Dejará algún día la Sunat de ser percibida como el “cuco fiscal”?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta