La primera ronda de debates entre candidatos presidenciales ha traído pocas novedades en cuanto a propuestas, pero sí bastante énfasis en medidas radicales. Escasearon ideas nuevas y esperanzadoras, y se desbordaron los reclamos de pena de muerte, junto con el tan voceado abandono de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el recorte de derechos, desde la anulación de la presunción de inocencia y la instauración de un destacamento de aniquilamiento dirigido por un futuro gobierno, hasta la supresión de alimentos en las cárceles si los presos “se portan mal”.
Como si el Perú tuviera un Estado fuerte y bien legitimado para enfrentar la criminalidad, Rafael López Aliaga ha propuesto debilitarlo aún más reduciendo los ministerios de 19 a solo seis, fusionando, seguramente y por ejemplo, los ministerios sociales en uno solo: Educación, Salud, Mujer, Ambiente e incluso, quizás, Justicia.
No hay estrategia en la mayoría de las propuestas, solo medidas punitivas extremas como grandes cárceles de extrema seguridad en la Amazonía o en las alturas de los Andes y, ciertamente, la pena de muerte. A estas alturas del siglo XXI, impacta la vocación por esta última medida, como si fuera una llave mágica para derrotar a la criminalidad organizada, cuando se sabe que no resuelve el problema.
El argumento base de los penamuertistas es que resolverá los problemas porque su aplicación es disuasiva. No obstante, desde los tiempos del escritor francés Albert Camus –y desde antes, pero estas palabras son muy dignas de escucharse hoy–, “no está probado que la pena de muerte haya hecho volverse atrás a un solo asesino decidido a serlo. […] El poder de intimidación actúa únicamente sobre los tímidos que no están destinados al crimen y cede ante los incorregibles a los que precisamente se trata de corregir” (“Reflexiones sobre la guillotina”, 1957).
Hubo propuestas más convincentes, como mejorar la coordinación entre las instituciones estatales vinculadas a la lucha criminal, optimizar el trabajo de Inteligencia y reformar sustantivamente la policía, aunque faltan mayores precisiones sobre en qué consistiría esta última. Se extrañaron medidas puntuales contra el lavado de dinero y una más estricta fiscalización de las plantas procesadoras de mineral.
La semana que comienza trae una segunda ronda de debates. Sería ingenuo y equivocado esperar que sea una amable conversación de café, pero cabe exigir que, al margen de una u otra comprensible pulla, los protagonistas hagan el esfuerzo de presentar propuestas serias.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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