Parece increíble, pero es cierto: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene en sus puestos hasta hoy a no menos de cinco de los 10 funcionarios observados por la contraloría por su relación con las irregularidades registradas en la primera vuelta.
Se trata de los gerentes de Informática y Tecnología Electoral, Asesoría Jurídica y Administración, Roberto Montenegro, Juan Pestana y Edward Alarcón, respectivamente, y de los subgerentes de Infraestructura y Seguridad Tecnológica y de Logística, Jesús Félix y Yuvitza Aguilar.
Según el informe de contraloría, algunos de ellos estuvieron vinculados a los problemas detectados en la gestión de los equipos destinados a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) y las deficiencias en la supervisión de la distribución del material electoral, mientras a otros se los señala por su asociación con los pagos a contratistas bajo sospecha.
La pasmosa ironía de la situación consiste en que, al ser consultada por este Diario sobre las razones de la permanencia de los cuestionados personajes en la institución, la ONPE ha respondido que, en la mayoría de los casos, ello obedece a que son “personal de confianza”… Confianza, sin embargo, es obviamente lo último que ellos inspiran tras su participación en el proceso que culminó el 12 de abril bajo una sombra de dudas que aún no han sido despejadas.
El peor de los defectos que pueden afectar a una entidad encargada de organizar elecciones es que inspire desconfianza en la ciudadanía, y ese es exactamente el escenario ante el que estamos. La ONPE tendría que haber separado o suspendido ya a esos funcionarios, por lo menos hasta que su rol en el carrusel de desatinos al que asistimos en la primera vuelta quede aclarado. Pero no: con singular contumacia, insiste en entregarles una responsabilidad siempre delicada, en un contexto doblemente delicado.
Después del escándalo que rodeó la gestión de Piero Corvetto, hoy bajo la lupa del Ministerio Público, lo esperable era que su reemplazante interino, Bernardo Pachas, fuera extremadamente diligente en la planificación y desarrollo de la segunda vuelta, pero eso ha estado lejos de ocurrir. Hasta el momento, parece pintado en la pared.
De cualquier forma, aunque tardía, una separación inmediata de los cinco funcionarios que aquí mencionamos sería bienvenida. En honor a la verdad, no obstante, las esperanzas de que el propósito de enmienda se imponga en la ONPE son escasas.
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