Si quienes aspiran a la presidencia deben ser evaluados por la seriedad con la que se han desempeñado en sus responsabilidades previas –máxime si estas han sido de naturaleza política–, el candidato Roberto Sánchez tendría que ser reprobado. Como se sabe, en su condición de congresista, él ha presidido la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay y, a pesar de que su compromiso era entregar el informe final el 20 de octubre del 2024, hasta ahora, tras haber concluido su gestión parlamentaria, no se conoce el contenido ni las conclusiones de ese documento. Cabe preguntarse si, en medio de la turbulencia de la campaña, habrá podido cumplir a cabalidad con la función encomendada.
Entretanto, solo en salarios, la referida comisión le ha costado al Estado más de dos millones de soles. Aunque ahora solo cuenta con tres trabajadores, es importante anotar que, a lo largo de los más de dos años en que ha funcionado, el grupo de trabajo ha tenido 16 trabajadores, entre técnicos, auxiliares y asesores, con salarios que oscilan entre los 3.600 soles y 14 mil soles mensuales. Se trata, además, de una planilla en la que figuran y han figurado exfuncionarios del Mincetur (que Sánchez encabezó durante el gobierno de Pedro Castillo) y militantes de Juntos por el Perú. Como, por ejemplo, Miguel Palomino de la Gala, quien fue viceministro de Comercio Exterior del hoy candidato y percibe hasta ahora una remuneración mensual del S/12.100. O sus compañeros de partido Zoila Soledad Yauri Aquino y Arsy Yovera Coveñas, cuyas remuneraciones mensuales eran de S/5.596,61 y S/6.104,01, respectivamente.
Cuando solicitó la conformación de la comisión, en octubre del 2023, Sánchez declaró que su objetivo era realizar el estudio, monitoreo y seguimiento de la infraestructura portuaria y las obras complementarias, así como coordinar, promover y recomendar las acciones de políticas públicas, planes, programas, estrategias de desarrollo productivo e industrial vinculados a la cadena comercial y logística del transporte marítimo. Nada de eso parece haber sucedido o terminado de suceder y todo apunta a que este grupo fue utilizado como pretexto para dar trabajo a allegados y correligionarios.
Cuando este Diario consultó sobre la última prórroga, el postulante de Juntos por el Perú respondió a través de Palomino de la Gala que ella obedece a la necesidad de realizar “acciones de facilitación, articulación y acercamiento entre las entidades competentes, el sector privado y la sociedad civil, especialmente para contribuir a la mitigación de conflictos sociales”. Nada más que retórica sofisticada para justificar una costosa tarea incumplida.
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