A pocos días de asumir las riendas del país el 28 de julio, Keiko Fujimori debería interiorizar las palabras del presidente argentino, Javier Milei: “¡No hay plata!”. Esto, si no quiere que la bomba fiscal de más de S/9.500 millones que este Congreso está a punto de aprobar, con votos fujimoristas, les reviente en la cara a su futuro gobierno y al país entero.
Esta semana, la Comisión de Presupuesto aprobó, con 28 votos a favor y uno en contra, un crédito suplementario que equivale a casi el 1% del PBI, el más grande de la historia. Busca financiar los bonos, gratificaciones e incrementos salariales que este Congreso otorgó de manera populista e inconstitucional.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ya había advertido que solo en dos plenos de marzo se aprobaron 11 normas con un impacto fiscal anual superior a S/11.400 millones, cifra que podría elevarse hasta S/15.000 millones si se suman otras medidas pendientes y costos aún no cuantificados. Es decir, nada de lo aprobado por este Congreso estaba presupuestado. Pero como eso no les interesa, terminan con un crédito gigantesco que compromete el canon regional y obliga a mayor endeudamiento, con un ministro de Economía pintado en la pared, como lo estuvieron sus antecesores.
A lo mucho, Rodolfo Acuña, titular de una cartera antes tomada en cuenta, pide gradualidad en los incrementos de pensiones y beneficios docentes: “No hay caja fiscal que lo soporte”. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el acuñista Alejandro Soto, responde con una pechada: “Hemos aprobado una ley, no podemos borrar con el codo lo que hemos hecho con la mano”. Y se queja de que, como congresista, gana poco. Felizmente, ya se va.
En noviembre del 2017, en CADE Ejecutivos, el presidente del BCR, Julio Velarde, advertía que el MEF había “perdido peso”. Hoy ha muerto de inanición. Buena parte de la culpa la tiene el Tribunal Constitucional, que abrió la puerta a la iniciativa de gasto del Congreso y terminó de rematar al Ministerio de Economía: le entregó el arma a un Congreso que no dudó en usarla.
La pregunta es si el futuro gobierno buscará devolverle al Ministerio de Economía el peso que debe tener: uno que administre con responsabilidad los recursos de todos los peruanos, pero que sepa plantarse ante un Congreso populista y, lo más difícil, decirles no al propio presidente y a sus colegas de Gabinete.
El problema es que, para Fuerza Popular, esto parece un asunto de un futuro lejano. Con sus votos ha aprobado estas leyes populistas que generan gasto al Estado y, ya pasada la segunda vuelta, este bombazo fiscal. ¿Por qué el fujimorismo está dispuesto a dejarle esta papa caliente a su propio gobierno, que empieza en menos de un mes? ¿Confía en que los buenos precios de las materias primas alcanzarán para cubrir la fiesta?
Keiko Fujimori está rodeada de buenos técnicos, como el exministro Luis Carranza o el coordinador de su plan de gobierno, Marco Vinelli, quienes entienden a la perfección el riesgo de seguir aumentando el gasto corriente como si no hubiera un mañana. Incluso, Elmer Cuba, voceado como ministro de Economía, ha cuestionado este crédito gigantesco. Hoy, más que nunca, ella debería entender que no hay plata, al menos no para todo.
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