El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que las cárceles de El Salvador, donde hay “personas presas inocentes”, son “campos de concentración de población civil” y dijo que allí se está “matando en vida” a miles de jóvenes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que las cárceles de El Salvador, donde hay “personas presas inocentes”, son “campos de concentración de población civil” y dijo que allí se está “matando en vida” a miles de jóvenes.
“Tener (…) personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias”, expresó Petro en X.
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Para el mandatario, esa política del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es “terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante”, mientras que “siguen los ciclos de venganza y más muertes”.
El viernes pasado, la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que la cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, se elevó al menos a 512.
El régimen de excepción, una medida implementada para combatir a las pandillas salvadoreñas en una llamada “guerra” contra estas bandas, cumplió el pasado 27 de marzo cuatro años de vigencia entre el respaldo por la reducción “histórica” de homicidios en el país y denuncias de violaciones a derechos humanos y muertes en cárceles.
El presidente Bukele ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).
Petro y Bukele han tenido en años anteriores discrepancias por la forma de gobernar de cada uno, que han ventilado públicamente en sus cuentas de X.
Hasta marzo de este año, distintas organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, en un 98 % de los casos por detención arbitraria y en un 75 % con responsabilidad de los agentes de la Policía.
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