Con cada cambio de gobierno suelen también cambiar las prioridades, los equipos, los indicadores y hasta los diagnósticos. ¿Por qué tantas buenas ideas no sobreviven a quienes las impulsaron?
Ya en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017, el Banco Mundial explicaba que, para producir resultados, las políticas necesitan tres condiciones: compromisos creíbles, coordinación entre los actores involucrados y cooperación para sostener su ejecución. Una reforma puede estar perfectamente diseñada y, aun así, fracasar si cada institución persigue un objetivo distinto, si los responsables anticipan que las reglas cambiarán o si la siguiente administración puede abandonarla sin asumir costo político alguno. La calidad técnica importa, pero no basta.
La OCDE llega a una conclusión parecida: incluso la política mejor formulada falla cuando la maquinaria pública no puede convertir las decisiones en acciones. Las reformas sobreviven porque alguien continúa ejecutándolas cuando cambia la autoridad.
En Chile, el sistema de Garantías Explícitas en Salud ofrece una lección útil. El GES —antes llamado AUGE— ofrece cuatro garantías exigibles para 90 enfermedades: acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. El ciudadano sabe qué atención le corresponde, dentro de qué plazo y bajo qué condiciones. La política se implementó en 2005 y ha continuado bajo gobiernos de distinto corte político, ampliando progresivamente los problemas de salud cubiertos.
Eso no significa que el sistema chileno haya eliminado las esperas o resuelto todas sus brechas sanitarias. Significa que creó derechos concretos, responsabilidades identificables y una estructura que los gobiernos posteriores podían ampliar o corregir, pero no ignorar fácilmente. Una reforma se fortalece cuando el ciudadano comprende qué recibe y, por tanto, qué perdería si alguien decide desmontarla.
En el Perú, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos permite observar otra forma de continuidad. Creado en 2005, ha atravesado sucesivos gobiernos sin desaparecer. Esto se explica porque su propósito se mantuvo reconocible: promover que las mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres accedan a salud preventiva materno-infantil y a servicios de escolaridad sin deserción. Para ello, el Estado entrega un incentivo de S/ 100 mensuales, gracias a que construyó una población objetivo, reglas operativas, presupuesto, personal y mecanismos de seguimiento.
Las evaluaciones de Juntos han identificado avances y también resultados limitados o desiguales. Ese matiz es importante, porque una política sostenible debe poder evaluarse, corregirse y adaptarse sin ser destruida cada vez que cambia el gobierno. La continuidad sin evaluación puede perpetuar ineficiencias; la evaluación sin continuidad impide saber si una política tuvo tiempo suficiente para producir resultados.
¿Qué comparten estas experiencias? Primero, un beneficio claro para el ciudadano. Segundo, reglas que convierten las intenciones en obligaciones. Tercero, una estructura técnica capaz de seguir operando más allá de sus fundadores. Cuarto, presupuesto e información para ejecutar y evaluar. Y, finalmente, una comunidad de beneficiarios, funcionarios y actores sociales que reconoce el valor de la política y eleva el costo de eliminarla.
Por supuesto, las relaciones de poder también explican por qué algunas políticas ineficientes persisten y otras valiosas son bloqueadas. Las instituciones pueden ser capturadas, la coordinación puede utilizarse para preservar privilegios y la continuidad puede convertirse en simple inercia. Por eso, una política pública debe demostrar periódicamente que produce resultados.
Este será un desafío especialmente relevante para el gobierno de Keiko Fujimori, sobre todo tras la desinstitucionalización progresiva de los últimos años. Sería recomendable que escoja unas pocas reformas prioritarias y les dé condiciones para durar: metas públicas, responsables identificados, financiamiento previsible, equipos técnicos estables, evaluaciones independientes y datos abiertos que permitan seguir sus resultados.
También lo será demostrar que gobierna pensando en quien vendrá después: dejar capacidades que otro gobierno pueda utilizar, en lugar de estructuras que dependan de lealtades personales; fortalecer instituciones en vez de apropiarse de ellas; corregir lo que funciona mal sin borrar lo que funciona bien.
En un país que suele comenzar de nuevo cada cinco años, gobernar para el siguiente gobierno sería una verdadera reforma.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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