La literatura comparada sobre cortoplacismo político advierte que cuando la permanencia en el poder es frágil, los gobiernos reducen su disposición a emprender reformas estructurales. El sistema premia la supervivencia inmediata y desincentiva el largo plazo. En el Perú, este sesgo no responde solo al calendario electoral, sino a un diseño institucional que ha debilitado la estabilidad presidencial.
En ese contexto, la gestión pública adopta una lógica reactiva: se centra en la contención del día a día; se debilita la capacidad de comprometerse con actores económicos y sociales; y el Ejecutivo incrementa su dependencia de mayorías legislativas circunstanciales.
En una administración de cinco meses, las prioridades son tres: seguridad ciudadana, integridad del proceso electoral y garantía de servicios esenciales.
Seguridad ciudadana: no hay margen para rediseños institucionales ni inversiones de largo aliento. Lo viable es una estrategia operativa: reorganizar la presencia policial en zonas críticas, intensificar el patrullaje focalizado, articular acciones con fiscalías y municipios, optimizar recursos y fijar metas de corto plazo. En un país donde la violencia y la extorsión han escalado, demostrar capacidad de orden es inmediato.
En esa línea, es clave fortalecer la coordinación frente a la extorsión, especialmente en el transporte: más que nuevas instancias, se requieren respuestas inmediatas entre la PCM, el Ministerio del Interior, la policía y el Ministerio Público, con canales directos para atender denuncias hoy desatendidas, evitando medidas aisladas –como cámaras en buses sin interoperabilidad– que no permitan el monitoreo y la respuesta en tiempo real, incluso mientras se define el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Integridad del proceso electoral: este exige garantizar condiciones logísticas, presupuestales y de seguridad para tener elecciones íntegras y sin interferencias, en un contexto de confianza institucional frágil.
Garantizar los servicios esenciales: en salud, asegurar medicamentos, destrabar atenciones críticas y reforzar emergencias; en educación, asegurar condiciones mínimas, infraestructura operativa, continuidad del servicio y alimentación de calidad.
En este escenario, el Gabinete debe priorizar perfiles con experiencia en la alta dirección pública, capaces de activar la coordinación multisectorial e intergubernamental inmediatamente, sobre todo frente a riesgos como el fenómeno de El Niño.
Gobernar no es voluntarismo ni simple sentido común; tampoco equivale a la gestión privada. Requiere conocimiento de la estructura estatal y sus debilidades para responder con eficacia en el corto plazo. La improvisación no es una curva de aprendizaje; es un costo que el país paga en vidas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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