Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuya ausencia recién fue detectada el 15 de abril.
Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuya ausencia recién fue detectada el 15 de abril.
Según la denuncia policial a la cual tuvo acceso El Comercio, el hecho se registró en la institución educativa Antenor Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú, durante el desarrollo del proceso electoral de 2026.
Denuncia policial de la pérdida de ocho actas electorales de dos mesas de votación en SJL.
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El material electoral extraviado corresponde a la elección de senador nacional de dos mesas de sufragio identificadas con los números 057274 y 057275 instaladas en el referido centro educativo. Según la documentación policial, estas actas representan la votación de mesas que tienen una capacidad prevista de hasta 300 electores cada una.
La denuncia fue formalizada por una coordinadora de mesa, Ángela Aliaga Silvera, y un coordinador distrital de la zona 3, Juan Alex Núñez Ortiz, quienes reportaron que los documentos no fueron hallados dentro del paquete correspondiente.
Los funcionarios señalaron que el material había sido entregado inicialmente a la responsable del local de votación, Lisbet Cerna Pongo, pero su ausencia se detectó durante una revisión posterior realizada en presencia del personal electoral.
Los denunciantes informaron que el material electoral salió del instituto educativo el 13 de abril hacia la Oficina Descentralizada (ODPE) de San Juan de Lurigancho bajo la supervisión de dos personas de la ONPE: Mía Paola Velarde Gutiérrez y Geraldy Nicol Rivera Gómez. Asimismo, que estaban acompañadas por un funcionario del JEE de SJL y un policía.
El parte policial, suscrito por el comisario de Zárate, Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, advierte sobre la presunta comisión del delito contra la administración pública. La investigación se centra específicamente en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales por parte de los involucrados en el manejo de los documentos.
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