La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela respaldó este viernes la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y consideró que es un “paso trascendental para lograr la estabilidad” del país, aunque varias ONG cuestionan el instrumento jurídico al considerar que es excluyente.
A través de un comunicado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, consideró que la ley de amnistía “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política” y “no es simplemente una norma”.
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“El perdón no significa validar los errores, ni borrar la memoria, sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente, ni comprometer a las futuras generaciones”, subrayó.
En el comunicado se asegura que los funcionarios de la FANB reafirmaron que el “respeto y el consenso sincero en la política son las herramientas más poderosas para consolidar la democracia” y, por tanto, celebraron la posibilidad de “transitar nuevos senderos de entendimiento” que “conduzcan a la superación de las adversidades” y al “reencuentro, reconciliación y unión de todos los venezolanos”.
La ley de amnistía fue aprobada el jueves por unanimidad en un debate en el Parlamento y presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país suramericano, mientras que ONG y opositores manifestaron dudas sobre la posibilidad de una reconciliación.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
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Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, lo que deja por fuera a varias personas que se consideran presos políticos.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Para el partido opositor Primero Justicia, la ley es “insuficiente y sesgada” mientras que el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde “con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza”.
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