La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió que las modificaciones propuestas a la ley de concesiones mineras en Perú socavaría la inversión en el sector minero del país.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió que las modificaciones propuestas a la ley de concesiones mineras en Perú socavaría la inversión en el sector minero del país.
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“Las modificaciones propuestas a la ley de concesiones mineras de Perú socavaría la inversión en el sector minero peruano al aumentar el riesgo y la incertidumbre regulatoria en un sector que ha atraído miles de millones en inversión extranjera”, indicaron a través de una publicación en su red social X.
Además, remarcaron que apoyan políticas transparentes y basadas en normas que impulsen el sector minero formal.
“Apoyamos políticas transparentes y basadas en normas que impulsen el sector minero formal de Perú y construyan cadenas de suministro globales confiables de minerales críticos”.
Una de las principales modificaciones de la ley es que se pretende reducir de 30 a 15 años el plazo para poner en operación un proyecto minero. En ese sentido, César Riofrío, geólogo senior, y miembro del comité organizador de proEXPLO 2026 afirmó que esta modificación no se ajusta a los tiempos reales que demanda el desarrollo de un proyecto minero.
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“El tiempo promedio entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción es de 28 años a nivel mundial. En el Perú, debido a la carga burocrática, puede extenderse entre 40 y 55 años”, explicó el geólogo.
Como se recuerda el Ministerio de Energía y Minas (Minem) expresó su preocupación por el dictamen de la propuesta normativa que busca modificar el régimen de concesiones mineras incorporado en la Ley General de Minería.
El Minem explicó que estos cambios normativos no son técnicamente viables, y que la propuesta de reducción de plazos para declarar la caducidad de una concesión podría debilitar la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones.
Añadió que la iniciativa puede generar efectos negativos, como el incremento de conflictos sobre concesiones y mayores incentivos para la ocupación ilegal.
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